B.IA.LEGAL

SCP 0054/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 30 de septiembre de 2025

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
62976-2024-126-CCJ
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Filiación / paternidad

Qué se discutió

Las AIOC promovieron conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Agroambiental en cumplimiento a resolución de 24 de marzo de 2024, dentro del proceso en la vía voluntaria de demanda de mensura, deslinde y amojonamiento y de adquirir la posesión respecto de la propiedad agraria Chaupi Loma interpuesto por David Andrés Terrazas Murguía, solicitando que la Jueza Agroambiental de Sucre se inhiba de seguir conociendo el caso y remita los antecedentes a objeto de aplicar la JIOC, al considerar que cumple con los tres ámbitos de vigencia establecidos por la Ley de Deslinde Jurisdiccional para tener competencia y conocer el caso en cuestión. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: Declarar COMPETENTE a la Jueza Agroambiental de Sucre, para continuar con la demanda hasta la emisión de la decisión de fondo que amerite el caso. Se hace constar que no interviene la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas por ser de Voto Disidente; asimismo, los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo son de Voto Aclaratorio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica del conflicto de competencias jurisdiccionales
  2. III.2. Respecto a la seguridad jurídica en el ámbito de vigencia material con relaciono a predios que cuenten con título ejecutorial que no correspondan a comunitarios o colectivos.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2025 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 62976-2024-126-CCJ Departamento: Chuquisaca El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Santiago Vargas Beltrán, Autoridad Ejecutiva; y, Enrique Sánchez Luna, Autoridad de Relaciones, ambos de la comunidad San Juan de Cachimayu contra María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

Las autoridades de la comunidad de San Juan de Cachimayu, del municipio de Sucre, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, suscitan conflicto de competencias jurisdiccionales entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) y el Juzgado Agroambiental de Sucre, en cuanto a una demanda de mensura, deslinde y amojonamiento y adquirir la posesión, respecto de la propiedad agraria Chaupi Loma.

I.1. Antecedentes de conflicto de competencias jurisdiccional

Por memorial de 27 de marzo de 2024, cursante de fs. 106 a 108, presentado por Santiago Vargas Beltrán, Autoridad Ejecutiva y Enrique Sánchez Luna, Autoridad de Relaciones, en su condición de Autoridades Indígena Originario Campesinas (IOC) de la comunidad San Juan de Cachimayu del municipio de Sucre, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, plantean conflicto de competencias entre la JIOC y la Jurisdicción Agroambiental, puesto que, miembros de la comunidad recibieron notificaciones dentro del proceso agrario iniciado por David Andrés Terrazas Murguía, en la vía voluntaria de demanda de mensura, deslinde y amojonamiento; y de adquirir la posesión respecto de la propiedad agraria Chaupi Loma, adquirido a través de transferencia por compra del mismo. Las AIOC señalan que se encuentran facultados y en el deber de resolver conforme a sus usos y costumbres todos los conflictos suscitados al interior de la “jurisdicción territorial” de la comunidad. En tal sentido, observan que: a) El Titulo Ejecutorial SPP-NAL-124148 del predio Chaupi Loma, registrado a nombre de Carmen Villca Mamani, fue emitido con vicios de nulidad absoluta, que debe ser revisado por el Tribunal Agroambiental, por lo que, no se puede posesionar a una persona que no está afiliada a la Comunidad sin respetar normas internas, usos y costumbres; b) Objetan el Auto de 8 de diciembre de 2023, por el cual erróneamente se admite en la vía voluntaria un interdicto de adquirir la posesión cuando el predio no es para actividad agrícola, sino para actividad ganadera; y, c) Señalan que se debe cumplir sus normas internas, usos y costumbres; y, que no se puede vender un terreno sin previo conocimiento y aprobación de la comunidad y Centralía. En cuanto a los ámbitos de vigencia de la JIOC, señalan que, respecto al ámbito de vigencia personal, tanto el demandante como los demandados pertenecen a la misma Centralía; con relación al ámbito de vigencia material, sostienen que los conflictos de tierras histórica y tradicionalmente fue resuelta bajo normas y procedimientos propios de la comunidad; y, sobre el ámbito de vigencia territorial, el hecho generador de la presente demanda se produjo dentro de la jurisdicción o espacio territorial de la comunidad San Juan de Cachimayu, por lo que, piden que la Jurisdicción Agroambiental se inhiba de conocer el caso y se remitan los antecedentes a objeto de aplicar la JIOC.

I.2. Resolución de la autoridad jurisdiccional agroambiental

La Jueza Agroambiental de Sucre, por Resolución de 1 de abril de 2024, cursante de fs. 115 a 118 vta., resolvió no inhibirse en la continuación y sustanciación del proceso voluntario sobre mensura, deslinde, amojonamiento e interdicto de adquirir la posesión, con bajo en los siguientes fundamentos: 1) La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, en concordancia con lo dispuesto en el art. 152.9 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, prevé como competencia de los Juzgados Agroambientales tomar conocimiento de las demandas sobre mensura y deslinde de las propiedades agrarias, orientadas a tomar con exactitud las medidas del área del terreno para determinar sus límites y ubicar correctamente con base al título de propiedad, para que, de esta manera, se pueda determinar los linderos de las propiedades contiguas, caminos y otros, cuando existe imprecisión de estos, y como emergencia, el amojonamiento de la propiedad; es decir, la marcación física de los limites sobre el terreno objeto de deslinde; 2) El demandante, en uso de su derecho propietario registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matricula 1.01.1.15.0001322 y en el marco de la autonomía de la voluntad, se apersonó a la instancia jurisdiccional a objeto de que se proceda a la medición de la propiedad adquirida denominada Chaupi Loma; el accionante, a través de una demanda interdictal sobre adquirir la posesión, procuró hacer uso del bien adquirido ingresando en posesión del mismo; 3) En cuanto al ámbito de vigencia personal, las autoridades de la comunidad denominada San Juan de Cachimayu manifestaron expresamente que David Andrés Terrazas Murguía no pertenece a su comunidad; toda vez que, su solicitud de afiliación no fue atendida de manera positiva; por lo que, el ámbito de vigencia personal no concurre; 4) En cuanto al ámbito de vigencia material, la Constitución Política del Estado, a través de su art. 192.II.2, hace una derivación a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, en cuyo art. 10.II.c) manifiesta que el ámbito de vigencia material de la JIOC no alcanza a materia agraria, además de que la propiedad objeto de mensura, deslinde y amojonamiento de ninguna manera se constituye en una propiedad colectiva; y, 5) Con relación al ámbito de vigencia territorial, es evidente que el predio en conflicto se encuentra al interior de la comunidad San Juan de Cachimayu, por lo que, dicho ámbito concurre para la solución del conflicto en el marco de la JIOC.

I.3. Admisión y notificación

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0148/2024-CA de 15 de abril, cursante de fs. 130 a 135, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Santiago Vargas Beltrán, Autoridad Ejecutiva; y, Enrique Sánchez Luna, Autoridad de Relaciones, ambos de la comunidad San Juan de Cachimayu contra María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre; disponiendo la suspensión de la tramitación del proceso de referencia en ambas jurisdicciones hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente; asimismo, se dispuso las respectivas notificaciones y posterior sorteo.

I.4. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 11 de julio de 2025, cursante a fs. 176, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a petición del Magistrado Relator, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción, dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se resolvió su reanudación a partir de la notificación con el derecho constitucional de 25 de septiembre de igual año, cursante a fs. 195; consiguientemente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal, conforme lo establecido en el art. 103.II Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta documentación de propiedad agraria: Certificado Catastral CC-T-CHU00007/2023 de 9 de enero, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de predio denominado Chaupi Loma, con una superficie de 19.9032 ha, ubicado en el municipio de Sucre, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, registrado a nombre de David Andrés Terrazas Murguía (fs. 9); folio real de registro en la oficina de DD.RR. con Matricula 1.01.1.15.0001322 de pequeña propiedad denominada Chaupi Loma con una superficie de 19.9032 ha, que en el asiento 4 registra la titularidad de David Andrés Terrazas Murguía (fs. 13 a 14); y, Titulo Ejecutorial SPP-NAL-124148 de 23 de marzo, a nombre de Carmen Villca Mamani, de pequeña propiedad con actividad ganadera, con una superficie de 19.9032 ha, denominada Chaupi Loma ubicada en la provincia Oropeza del referido departamento (fs. 16). II.2. Cursa memorial presentado el 24 de noviembre de 2023 por David Andrés Terrazas Murguía ante la Jueza Agroambiental de Sucre, donde solicitó de mensura, deslinde, amojonamiento y posesión judicial de pequeña propiedad agraria (fs. 21 a 23 vta.). II.3. Consta resolución de 8 de diciembre de 2023 de admisión en vía voluntaria de demanda de mensura, deslinde y amojonamiento; y, admisión en vía voluntaria de demanda de adquirir la posesión respecto de la propiedad agraria Chaupi Loma, seguida a instancia de David Andrés Terrazas Murguía (fs. 32 a 33 vta.). II.4. Se tiene Resolución de la comunidad de San Juan de Cachimayu de 24 de marzo de 2024, por la cual deciden asumir conocimiento y resolución del conflicto, convocar a las partes y solicitar a las y/o los jueces ordinarios o agroambientales la declinatoria de competencia (fs. 96 a 99),

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las AIOC promovieron conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Agroambiental en cumplimiento a resolución de 24 de marzo de 2024, dentro del proceso en la vía voluntaria de demanda de mensura, deslinde y amojonamiento y de adquirir la posesión respecto de la propiedad agraria Chaupi Loma interpuesto por David Andrés Terrazas Murguía, solicitando que la Jueza Agroambiental de Sucre se inhiba de seguir conociendo el caso y remita los antecedentes a objeto de aplicar la JIOC, al considerar que cumple con los tres ámbitos de vigencia establecidos por la Ley de Deslinde Jurisdiccional para tener competencia y conocer el caso en cuestión. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

III.1. Naturaleza jurídica del conflicto de competencias jurisdiccionales

La SCP 0096/2024 de 26 de diciembre, señala que: “El art. 202.11 de la CPE; establece que, son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales. Conforme al art. 101 del CPCo, la demanda será planteada por cualquier autoridad IOC, cuando estime que una controversia jurídica, está siendo tramitada por una autoridad de la jurisdicción ordinaria o agroambiental sin competencia y se solicitará apartarse del conocimiento de la causa correspondiente. En sentido contrario, dichas autoridades también podrán suscitar conflicto de competencias ante las autoridades IOC. El conflicto de competencias, es un mecanismo constitucional autónomo que no está sometido a las normas procesales de carácter ordinario, y tiene como única finalidad suscitar el conflicto, entendido como la facultad para promover o iniciar una demanda por parte de una autoridad jurisdiccional que se estima competente para conocer y resolver una determinada causa, a su similar de otra jurisdicción; cuestionando la competencia, con la pretensión de que se aparte del conocimiento del proceso judicial y se remitan los antecedentes a la autoridad reclamante. Entonces, la noción de ese mecanismo procesal constitucional, no debe confundirse con los institutos de inhibitoria o declinatoria, que se encuentran regulados por las normas de orden procesal ordinario. Tampoco puede plantearse como si fuera una excepción de incompetencia. Las competencias jurisdiccionales, emergen de la Constitución Política del Estado, y el art. 190.I. de la Norma Suprema, determina que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”; entendido, como un sistema jurídico propio, para conocer y resolver controversias que afecten la vida de los indígenas originario campesinos, que viven en sus territorios ocupados desde tiempos inmemoriales o fuera de ella. Con relación a las autoridades ordinarias y agroambientales, su jurisdicción y competencias, surgen de los arts. 181 y 186 de la CPE; y una de sus particularidades, es la división en diferentes materias, entre ellas, civil, comercial, penal, familiar, agraria y otras, lo que no sucede en el caso de las autoridades IOC, sus competencias son de carácter integral; es decir, conocen y resuelven conflictos, tomando en cuenta la afectación a sus principios, valores y bienes jurídicos relacionados con la pacífica y armoniosa convivencia en comunidad, sin clasificar los conflictos por materias. III.2. Respecto a la concurrencia necesaria de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina. Jurisprudencia reiterada

En el marco de lo establecido en el art. 191.II de la CPE, que dispone que la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, delimitó el alcance de estos contextos, en los siguientes términos:

(…) 'III.2.3. Ámbito de vigencia material Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto '”.

III.2. Respecto a la seguridad jurídica en el ámbito de vigencia material con relaciono a predios que cuenten con título ejecutorial que no correspondan a comunitarios o colectivos.

El art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que : “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.”. En concordancia, el art. 179.I de la Norma Suprema consagra que “La función judicial es única…”, siendo ejercida -conforme al parágrafo II del citado artículo- por: i) La jurisdicción ordinaria, a través del Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y jueces; ii) La jurisdicción agroambiental, mediante el Tribunal Agroambiental y los jueces agroambientales; iii) La jurisdicción indígena originario campesina, por sus autoridades propias; y, iv) Las jurisdicciones especializadas, conforme a ley. De ello se infiere que, todas las jurisdicciones reconocidas gozan de igual jerarquía, en el marco de un pluralismo jurídico igualitario. En ese sentido, el art. 202.11 de la Norma Suprema atribuye al Tribunal Constitucional Plurinacional la competencia para conocer y resolver los conflictos de competencia entre la JIOC y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental. En cuanto a la primera, el art. 190.I de la CPE dispone que esta se ejerce por sus autoridades naturales, con arreglo a sus normas, procedimientos propios, cosmovisión, principios y valores culturales. Empero, conforme al art. 191.II de la citada Norma Suprema, su ejercicio debe enmarcarse dentro de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, de acuerdo a lo establecido por una ley de deslinde jurisdiccional. Sobre este punto, el art. 10.II.c) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) delimita los asuntos excluidos de la competencia de la JIOC, entre los cuales se encuentra el derecho agrario: “…excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas”. A su vez, el art. 393 de la CPE reconoce, protege y garantiza la propiedad agraria individual y colectiva, siempre que cumpla con la función social o función económica social, según corresponda. En esta línea, el art. 394 de la misma Norma Fundamental clasifica la propiedad agraria en individual -pequeña, mediana y empresarial- y colectiva o comunitaria, reconociendo todas ellas como formas legales protegidas por el ordenamiento jurídico boliviano. Asimismo, el art. 393 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria- señala que el título ejecutorial constituye el documento público mediante el cual el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad agraria, el cual es otorgado una vez concluidos los procedimientos agrarios que derivan en la constitución legal de un derecho propietario. Este Tribunal desarrolló una línea jurisprudencial reiterada en materia de conflictos de competencia, particularmente en lo relativo al ámbito de vigencia material de la JIOC, señalando que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional debe realizarse conforme a los principios constitucionales, de forma tal que las materias excluidas de la JIOC deben responder a una interpretación sistemática y restrictiva, siempre que la exclusión responda a la necesidad de protección de un bien jurídico de entidad nacional. En tal sentido, un bien jurídico nacional es aquel valor, derecho o interés protegido por normas de rango constitucional o legal, cuya afectación podría comprometer la unidad del Estado, la soberanía nacional, la seguridad jurídica de los ciudadanos o los derechos fundamentales colectivos. Tales bienes exceden el interés individual o local, y su tutela compete al Estado en su conjunto, en resguardo del orden público y el interés general. En consecuencia, la JIOC puede restringir su competencia en el ámbito material, si se demuestra que el asunto bajo análisis afecta de forma concreta un bien jurídico de relevancia nacional, como ser la seguridad jurídica sobre la propiedad agraria titulada mediante título ejecutorial que no sea colectiva o comunitaria, cuya protección no puede ser garantizada eficazmente desde la jurisdicción indígena, y cuya resolución requiere la intervención de la jurisdicción ordinaria o agroambiental.

III.3. Análisis del caso concreto

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la JIOC tiene competencia para conocer procesos de mensura, deslinde, amojonamiento e interdicto de adquirir la posesión sobre un predio que cuenta con derecho propietario consolidado mediante título ejecutorial individual. En tal sentido, y conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, los conflictos de competencia jurisdiccional promovidos entre la JIOC y las jurisdicciones ordinaria o agroambiental son de conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe resolverlos a partir de la verificación del cumplimiento de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, conforme a lo dispuesto en el art. 191.II de la CPE y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, en el contexto del proceso voluntario sobre mensura, deslinde, amojonamiento e interdicto de adquirir la posesión interpuesto por David Andrés Terrazas Murguía (Conclusión II.2), se planteó un conflicto de competencia entre las autoridades de la JIOC de la comunidad San Juan de Cachimayu y la Jueza Agroambiental de Sucre, quien resolvió no inhibirse del conocimiento del proceso, en atención a que, conforme al art. 152 de la LOJ, le corresponde conocer la causa, toda vez que el demandante cuenta con documentación que acredita su derecho propietario agrario sobre el referido predio y no concurrirían simultáneamente los tres ámbitos de vigencia (Conclusión II.1). En ese marco, corresponde a este Tribunal verificar si concurren de manera simultánea los ámbitos de vigencia material, personal y territorial, que condicionan el ejercicio de la JIOC, a fin de establecer si esta es competente para conocer y resolver la controversia planteada en el presente caso. Con relación al ámbito de vigencia material, a efectos de determinar si corresponde que las AIOC de la comunidad San Juan de Cachimayu conozcan y resuelvan la demanda sobre mensura, deslinde, amojonamiento e interdicto de adquirir la posesión del predio denominado Chaupi Loma, resulta indispensable considerar los siguientes aspectos y la naturaleza jurídica del bien agrario en cuestión.

En ese sentido, el art. 152.9 y 10 de la LOJ, atribuye de forma expresa a la Jurisdicción Agroambiental la competencia para sustanciar este tipo de procesos, cuando se trate de predios agrarios saneados que no ostenten la calidad de tierras de propiedad colectiva. A su vez, el art. 10.II.c) de la LDJ, excluye de la competencia de la JIOC las materias referidas al derecho agrario, salvo en lo concerniente a la distribución interna de tierras en comunidades que cuenten con posesión legal o derecho propietario colectivo. En el caso de autos, no se acreditó que el predio objeto del litigio se encuentre bajo un régimen de propiedad colectiva o que se trate de una distribución interna de tierras al interior de una comunidad reconocida con posesión legal o derecho propietario colectivo; al contrario; el predio cuenta con título ejecutorial individual; por lo tanto, no concurre el ámbito de vigencia material, lo cual impide el conocimiento de la causa por parte de la jurisdicción indígena originaria campesina. Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se trata de una propiedad agraria titulada mediante título ejecutorial individual -que no ostenta carácter colectivo ni comunitario-, la competencia de la JIOC puede restringirse en el ámbito material, a fin de no comprometer el principio de seguridad jurídica, cuya garantía debe ser resguardada de manera eficaz por la jurisdicción ordinaria o agroambiental. En consecuencia, al no acreditarse la concurrencia del ámbito de vigencia material, y considerando que el art. 191 de la CPE, en concordancia con el Capítulo III de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, exige la concurrencia simultánea de los ámbitos material, territorial y personal, no corresponde ingresar al análisis de los otros dos ámbitos de vigencia. Por tanto, se concluye que la JIOC no tiene competencia para conocer y resolver el presente caso .

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: Declarar COMPETENTE a la Jueza Agroambiental de Sucre, para continuar con la demanda hasta la emisión de la decisión de fondo que amerite el caso. Se hace constar que no interviene la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas por ser de Voto Disidente; asimismo, los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo son de Voto Aclaratorio.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candía

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2025.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 94349025a312ebb0a083f718530535f216bb8f658eafb1b38f35ad4fd890dbb3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →