Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de febrero de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión a su derecho a la libertad; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar iniciado en su contra, la interesada, presentó liquidación en la cual de forma grosera sin su consentimiento monetizó la prestación de la asistencia que debía ser otorgada en especie; por ello, planteo la observación, empero la autoridad jurisdiccional accionada sin resolver aprobó la liquidación que derivó en el mandamiento de apremio; asimismo, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; sin embargo, de igual forma sin que sea resuelta emitió el mandamiento de apremio en su contra, encontrándose privado de libertad en forma ilegal. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizará los siguientes temas: a) De la asistencia familiar y las observaciones efectuadas por los obligados y, b) Análisis del caso concreto
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 24 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la libertad conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional; y, en su mérito disponer:
1.1° Dejar sin efecto la Resolución que aprueba la liquidación y posteriores actuados hasta la emisión de los mandamientos de apremio; al efecto, la autoridad judicial accionada previamente deberá resolver las observaciones a la liquidación, si es que hasta la fecha no se hubiera saneado el proceso conforme lo advertido. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional; y,
3° Exhortar a la Jueza accionada a que en futuros procesos adecue su accionar a la norma procesal familiar y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2025-S4 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49983-2022-100-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 24 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Arias Choque contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 7 a 12 vta., expresó lo siguiente:
Dentro el proceso de asistencia familiar iniciado en su contra por la madre de su hijo, quién mediante memorial de 4 de septiembre de 2020, presentó liquidación en el cual de forma abusiva y grosera sin su consentimiento monetizó la asistencia familiar; siendo que, con anterioridad mediante acuerdo transaccional y en audiencia se determinó que la asistencia familiar debía ser entregada en especie; ante tal situación, una vez notificado con esa liquidación presentó observación el 21 de octubre de igual año, misma que fue respondida por la interesada; empero, la objeción interpuesta no fue resuelta y contrariamente mediante Auto de 30 de agosto de 2021, la mencionada liquidación de asistencia familiar fue aprobada, soslayando resolver las observaciones expuestas; asimismo, interpuso el recurso de reposición con alternativa de apelación mediante memorial de “1 de julio de 2020”, reiterando tal recurso el “2 de agosto de 2020”, mismo que hasta la fecha no fue resuelto. En ese contexto, sin que se resuelva la observación y el recurso de reposición, la Jueza accionada el 9 de agosto de 2022 emitió mandamiento de apremio en su contra; motivo por los cuales, interpone la presente acción tutelar, invocando la jurisprudencia desarrollada en la “SCP 362/2021-S3”.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 14.I y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se responsabilice a la autoridad accionada.
Celebrada la audiencia pública el 12 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23, se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido del memorial y ampliando la acción de libertad, manifestó que: a) Se encuentra privado de libertad, debido a que la demandante de asistencia familiar, presentó liquidación de asistencia en la forma monetizada, misma que fue observada por su parte; b) Si bien, la ley establece que la beneficiaria en cualquier momento podría solicitar la revisión de modo alternativo al pago por dinero; empero, eso no aconteció, advirtiéndose esa irregularidad conforme prevé el art. 119.II de la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); c) Recién, hoy por la mañana le notificaron con la “reposición”; y, que si bien el art. 60 de la CPE, prevé la garantía de protección a los menores de edad, también se tiene el derecho a la libertad; y, e) Se tiene las “S.C. 185/2020 S.3, S.C. 0779/2012E”, por lo que, en merito de ello y conforme los arts. 125 de la CPE; y, 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) plantea acción de libertad correctiva contra Olma Lilian Rojas Castro, debido a que está privado de libertad de forma ilegal al no haberse cumplido el trámite normal y necesario para la monetización; solicitando en consecuencia la tutela y se disponga su libertad dejando sin efecto el mandamiento de apremio ordenado por Auto de 9 de agosto de 2022.
Olma Lilian Rojas Castro, Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Informe escrito presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 a 20 vta., solicitó que se deniegue la tutela, señalando lo siguiente: 1) Dentro el proceso de asistencia familiar, el obligado hoy accionante, no cumplió a cabalidad con el pago oportuno y por mensualidades vencidas, provocando pensiones devengadas; 2) Las pensiones adeudadas, fueron liquidadas conforme los antecedentes procesales el 4 de septiembre de 2020 “…mas 6 mudas de ropa completas, tenis medias, ropa interior un pantalón, polera, chompa pertenencias en tres cumpleaños y tres navidades de las gestiones 2017, 2018 y 2019, más 17 tarros de lecho anchor en especie más 17 pañales Huguis, de 60 unidades…” (sic); 3), “…habiendo sido aprobada la liquidación la que fue observada corriendo traslado y respondida por la demandante, conminándole al obligado a que futuras observaciones las realice con prueba documental, liquidación que fue aprobada por auto de fecha 21 de octubre de 2020 y no habiendo cumplido con el pago de tercero día se ordenó se expida el mandamiento de apremio por auto de fecha 1ro de febrero del 2021, en el que se ordena la deducción de los pagos efectuados a tiempo de cancelar el total devengado de conformidad al art. 127 de la Ley 603, por concepto de asistencia familiar, auto contra el que el obligado interpone el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, resuelto por auto de fecha 21 de enero de 2022 declarando improbado el recurso de reposición y estando alternado se concede la apelación el mismo que aun no ha sido resuelto por el tribunal de alzada. Ordenándose se expida el mandamiento de apremio con facultad de allanamiento conforme establece el art. 127 de la ley 603, por PROVEIDO de fecha 10 de junio del 2022, el obligado plantea el recurso de reposición CONTRA UN AUTO INEXISTENTE DE 10 DE JUNIO DEL 2022, por lo que se dispone que con carácter previo aclare o corrija contra que actuado plantea dicho recurso y se proveerá lo que fuere de ley. Que la orden de apremio por el monto devengado de Bs.- 19.00670 mediante auto de fecha 1ro de febrero de 2021 ha sido legal y correcta conforme establecen las disposiciones legales…” (sic); 4) Las pensiones devengadas, no fueron canceladas en forma oportuna y por mensualidades, en perjuicio del beneficiario atentando contra sus derechos, cometiendo además el delito de violencia económica contra su hijo; 5) Conforme al art. 415.II del CFPF, el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, y según el art. 376 de la misma norma, la apelación es en efecto devolutivo y permite seguir con el tramite principal sin perjuicio de alzada; y 6) La suscrita autoridad, está obligada a garantizar y priorizar los derechos fundamentales de los niños y no del accionante.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 03/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 24 a 28 vta., denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión al expediente remitido por la autoridad accionada, se establece: “1.- Que se presentó un memorial de liquidación de fecha 4 de septiembre de 2020, decreto de fecha 11 de septiembre del 2020 que corre en traslado.2.-Memorial de fecha 28 de septiembre de 2020 donde el obligado observa la liquidación de la asistencia familiar, misma que tiene un decreto de fecha 30 de septiembre del 2020 donde se corre en traslado. 3.- Se tiene un memorial de fecha 12 de octubre del 2020 indicando que se absuelve traslado. 4.- Memorial de fecha 20 de octubre de 2020 aclara y pide liquidación de asistencia familiar.
En fecha 21 de octubre de 2020 se aprueba la asistencia familiar en la suma 19.006.70Bs., indicando que el imputado pague dicho monto en el ter día de su notificación personal, 5.- NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO en fecha 5 de noviembre de 2020 a horas 16:06, conforme los instructivos 05 y 08 del TDJC., 6.- Memorial de fecha 21 de octubre de 2020 presentado por el obligado donde observa la liquidación de asistencia familiar, decreto de fecha 22 de octubre donde se pone en traslado. 7.-Memorial de mandamiento de apremio de fecha 11 de noviembre de 2020, decreto donde indica previamente esté sobre el traslado. 8.-Memorial de fecha 12 de diciembre de 2020 decreto de 22 de diciembre de 2020., 9.- Memorial de DISMINUCIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR de fecha 22 de diciembre de 2020. 10.- Memorial de 21 de diciembre con el rótulo REITERA MANDAMIENTO, con el decreto donde refieren este al decreto de traslado. 11.- Memorial de fecha 27 de enero de 2021 reitera mandamiento de apremio, decreto de fecha 1 de febrero de 2021. 12.- Reposición de fecha 14 de febrero de 2021 decreto de fecha 23 de febrero. Auto de fecha 21 de octubre de 2021, auto de fecha 21 de enero de 2022. Es por ello a objeto de resolver el recurso extraordinario en relación a ESA PRIVACIÓN DE LIBERTAD QUE ALEGAN DE FORMA ILEGAL E ILÍCITA, el accionante durante la tramitación del proceso no estaba con ninguna indefensión que hace referencia ante una supuesta respuesta a un memorial de reposición…” (sic).; ii) El recurso de reposición bajo alternativa de apelación, no suspende el mandamiento, debido a que, la resolución impugnada tiene efecto no suspensivo; es decir, en efecto devolutivo conforme al art. 376 de la Ley 603; así según esta norma respecto al mandamiento de apremió, refiere que, no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad judicial; iii) Por ello, en relación a que el peticionante de tutela estaría detenido ilegalmente, conforme la compulsa efectuada, no resulta evidente, porque su privación fue dispuesta mediante una orden de autoridad jurisdiccional; iv) El accionante dentro sus pretensiones siempre realizó su defensa en la causa; toda vez que, “presenta diversos memoriales reiterando observando la liquidación, pidiendo las reposiciones a esa liquidación” (sic); posterior a ello, también solicitó rebaja de asistencia familiar; y, no se tiene un recurso de reposición que se encuentre pendiente de resolución de acuerdo a la revisión efectuada; y, v) Se hace referencia a que no se cumplió la formalidad procesal descrita en el art. 119.II de la Ley 603, respecto a solicitar la revisión de la asistencia familiar para el cambio de pago en dinero; si bien, la acción de libertad puede ingresar a verificar aspectos del debido proceso cuando va relacionado a la vulneración del derecho a la libertad o la vida, etc.; para el caso concreto, si el accionante considera que, no se estaría cumplimiento con el trámite procesal, tiene que agotar todos los medios en la vía ordinaria y luego acudir al amparo constitucional que es la vía idónea, y no a la acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 4 de septiembre de 2022, dirigido a la Jueza Pública de Familia Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, de 4 de septiembre de 2020, presentada por Cecilia Vélez Vidal, solicitando liquidación dentro la demanda de asistencia familiar iniciada contra David Arias Choque -ahora accionante- (fs. 3 a 5 [memorial incompleto]). II.2. Por decreto de 11 de septiembre de 2020, emitido por Olma Lilian Rojas Castro -Jueza hoy accionada-; en el cual, señaló entre otros que, se ponga en conocimiento del obligado impetrante de tutela la liquidación de asistencia familiar devengada (fs.6).
El accionante denuncia la lesión a su derecho a la libertad; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar iniciado en su contra, la interesada, presentó liquidación en la cual de forma grosera sin su consentimiento monetizó la prestación de la asistencia que debía ser otorgada en especie; por ello, planteo la observación, empero la autoridad jurisdiccional accionada sin resolver aprobó la liquidación que derivó en el mandamiento de apremio; asimismo, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; sin embargo, de igual forma sin que sea resuelta emitió el mandamiento de apremio en su contra, encontrándose privado de libertad en forma ilegal. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizará los siguientes temas: a) De la asistencia familiar y las observaciones efectuadas por los obligados y, b) Análisis del caso concreto
Al respecto, la SCP 0362/2021-S3 de 14 de julio, en su Fundamento Jurídico III.1 describió la siguiente reflexión constitucional: “La SCP 0185/2020-S3 de 10 de julio, estableció que: ´A objeto de resolver la problemática planteada es preciso remitirse a la normativa procesal que rige el procedimiento de emisión del apremio ante incumplimiento de asistencia familiar; así, de acuerdo con lo previsto por el actual Código de las Familias y del Proceso Familiar, la autoridad jurisdiccional tiene el deber ineludible de poner en conocimiento del obligado al pago de la asistencia familiar, las liquidaciones de mensualidades vencidas o impagas que se realicen para su cancelación, conforme dispone el art 415.I de la citada norma al señalar que 'I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.'; ello, en observancia del derecho a la defensa que asiste a todas las partes involucradas en un proceso judicial, indistintamente de su naturaleza. La supra referida normativa, responde al hecho de que si bien el constituyente diseñó esta figura procesal para efectivizar el pago de la asistencia familiar que posibilita cubrir los gastos más elementales de los beneficiarios; y, precisamente su incumplimiento, al estar involucrados menores de edad y necesidades básicas que deben cubrirse, genera el procedimiento para la emisión del apremio; empero, no debe dejarse de lado que pueden surgir incidencias de diversa índole que deben ser analizadas por la autoridad competente a efectos de resolver tales cuestiones, conforme la valoración adecuada de los antecedentes a los que tiene acceso, para luego determinar lo que en derecho corresponda, velando no solo por el cumplimiento de la normativa que rige la materia; sino, en especial de los derechos y garantías que asisten a las partes involucradas en el proceso familiar, posibilitando el ejercicio pleno de los mismos, lo que conlleva a su vez el debido proceso inherente a todo proceso incluyendo el familiar; más aún, si de por medio se encuentra también la posible restricción de la libertad del obligado” (énfasis añadido).
De la revisión a la acción tutelar presentada y lo desarrollado en la audiencia de garantías, esta instancia constitucional advierte que, el impetrante de tutela básicamente denuncia dos aspectos irregulares en los que habría incurrido la autoridad judicial accionada; el primero, referido a que, como emergencia de la liquidación presentada por la interesada, el accionante interpuso observación a la misma comprendiendo que, se pretendía monetizar la forma de prestación de la asistencia familiar; puesto que, mediante acuerdo homologado y en audiencia se dispuso que la asistencia sería en especie; empero, la liquidación habría sido aprobada sin resolver previamente la observación planteada que luego derivó en la emisión de mandamiento de apremio; y, el segundo, relacionado a que, una vez aprobada la liquidación, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; no obstante, de igual forma sin resolver emitió el indicado mandamiento de apremio en su contra, mismo que fue ejecutado, encontrándose privado de libertad de forma irregular. Previamente incumbe precisar que, los actos denunciados dentro la tramitación de la liquidación de asistencia familiar, conllevan una relación con el derecho a la libertad del accionante, mismo que se encuentra privado de libertad como emergencia de la emisión de un mandamiento de apremio librado en su contra; por lo que, la acción de libertad se constituye en el mecanismo idóneo para verificar las posibles conculcaciones al debido proceso que resultan tutelables mediante esta acción tutelar. Efectuada esa precisión, se ingresará a verificar el primer punto denunciado 2.1. En cuanto a que, la Jueza accionada, aprobó la liquidación sin previamente haber resuelto la observación planteada que derivó en el mandamiento de apremio. Al respecto, del Punto I.2.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que, la autoridad accionada informó lo siguiente: “1) Dentro el proceso de asistencia familiar, el obligado hoy accionante, no cumplió a cabalidad con el pago oportuno y por mensualidades vencidas, provocando pensiones devengadas; 2) Dichas pensiones adeudadas, fueron liquidadas conforme los antecedentes procesales el 4 de septiembre de 2020 “mas 6 mudas de ropa completas, tenis medias, ropa interior un pantalón, polera, chompa pertenencias en tres cumpleaños y tres navidades de las gestiones 2017, 2018 y 2019, más 17 tarros de lecho anchor en especie más 17 pañales Huguis, de 60 unidades” (sic); 3), “habiendo sido aprobada la liquidación la que fue observada corriendo traslado y respondida por la demandante, conminándole al obligado a que futuras observaciones las realice con prueba documental, liquidación que fue aprobada por auto de fecha 21 de octubre de 2020 y no habiendo cumplido con el pago de tercero día se ordenó se expida el mandamiento de apremio por auto de fecha 1ro de febrero del 2021 en el que se ordena la deducción de los pagos efectuados a tiempo de cancelar el total devengado de conformidad al art. 127 de la Ley 603, por concepto de asistencia familiar, auto contra el que el obligado interpone el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, resuelto por auto de fecha 21 de enero de 2022 declarando improbado el recurso de reposición y estando alternado se concede la apelación el mismo que aun no ha sido resuelto por el tribunal de alzada. Ordenándose se expida el mandamiento de apremio con facultad de allanamiento conforme establece el art. 127 de la ley 603, por PROVEIDO de fecha 10 de junio del 2022, el obligado plantea el recurso de reposición CONTRA UN AUTO INEXISTENTE DE 10 DE JUNIO DEL 2022, por lo que se dispone que con carácter previo aclare o corrija contra que actuado plantea dicho recurso y se proveerá lo que fuere de ley. Que la orden de apremio por el monto devengado de Bs.-19.00670 mediante auto de fecha 1ro de febrero de 20221 ha sido legal y correcta conforme establecen las disposiciones legales…” (sic).
Lo descrito, expone que, evidentemente la interesada mediante memorial de 4 de septiembre de 2020, presentó liquidación, y que el ahora accionante planteó observación a la misma; empero, la liquidación fue aprobada mediante Auto de 21 de octubre de 2020, y más adelante por Auto de 1 de febrero de 2021 se emitió el mandamiento de apremio, reiterándose su emisión con facultad de allanamiento mediante otro actuado que no detalla; ahora bien, el informe no precisa la fecha de la observación a la liquidación ni que la misma hubiese sido resuelta; no obstante, acudiendo a lo compulsado por el Juez de garantías que en el punto I.2.3 de este fallo constitucional, la autoridad entre otros identificó que, la liquidación fue presentada el indicado 4 de septiembre de 2020, a lo cual se emitió decreto de 11 de igual mes y año corriendo en traslado; en respuesta, el ahora accionante mediante escrito de 28 de septiembre de 2020 observó la liquidación, que de igual forma fue corrido en traslado, y luego advirtió una serie de actuados hasta la aprobación de la liquidación de asistencia el 21 de octubre de 2020, fecha en la que el impetrante de tutela nuevamente observó la liquidación, donde también se corrió en traslado. Cotejado los aspectos, es posible concluir en que, la liquidación fue presentada el 4 de septiembre de 2020, a lo cual el hoy impetrante de tutela planteo observación mediante escrito de 28 del mismo mes y año, mereciendo decreto que dispuso se corra en traslado; no obstante, la autoridad judicial accionada mediante Auto de 21 de octubre de 2020 aprobó la liquidación, fecha en la cual el accionante planeo una segunda observación, tal como también lo manifiesta en su memorial de esta acción tutelar; y, finalmente el 1 de febrero de 2021 se emitió el Auto que dispone librar mandamiento de apremio, y otro más adelante con facultades de allanamiento mediante resolución que no detalla; ahora bien, los antecedentes descritos por las autoridades referidas, no mencionan en su relación de actuados sobre si las observaciones a la liquidación fueron o no resueltas. En ese contexto, a efectos de resolver la problemática es importante precisar que, la Jueza accionada mediante su informe presentado dentro esta acción tutelar, en ningún momento rebatió este punto, por lo que, resulta aplicable en lo pertinente la jurisprudencia constitucional referida a la presunción de veracidad, que según lo desarrollado en la SCP 0707/2024-S3 de 22 de agosto, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la parte accionada a la audiencia de acción de libertad, la falta de informe sobre los hechos denunciados, o que en el informe prestado no se haya contradicho u objetado los aspectos denunciados guardando silencio sobre los mismos, tal como se advierte en este caso, en el cual la autoridad accionada, nunca se refirió sobre si fueron resueltas las observaciones planteadas contra la liquidación. Consecuentemente, resulta cierto que la observación planteada por el accionante el 28 de septiembre de 2020, no fue resuelta antes de aprobar la liquidación mediante Auto de 21 de octubre del mismo año y, que, luego derivó en la emisión de mandamientos de apremio Al respecto, el art. 415 de la Ley 603, dispone que, “La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte quién podrá observar en el plazo de (3) días”. II Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar intimando al pago dentro del tercer día” (las negrillas son añadidas); por su parte la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, básicamente precisa que en el procedimiento para la emisión del apremio, no debe dejarse de lado las incidencias que puedan surgir, debiendo ser analizadas y resueltas para luego determinar lo que corresponda, razonamiento que fue subsumido por la SCP 0362/2021-S3, que al resolver el asunto concreto preciso que: “…en el presente caso, se puede advertir que el accionante se acogió a lo previsto por el art. 415.I del CFPF, efectuando observaciones a la liquidación de asistencia familiar presentada por la demandante en el proceso familiar (…); aspecto sobre el cual le era inherente al Juez hoy accionado pronunciarse con la adecuada valoración fáctica y probatoria al contar con todos los antecedentes que le permitían asumir una decisión conforme a derecho, para luego recién determinar lo que corresponda, no pudiendo eximirse de tal obligación y responsabilidad como acontece en el presente caso, resguardando no solo el cumplimiento de la normativa que rige la materia, sino también los derechos y garantías que asisten a las partes involucradas en el proceso familiar… …las observaciones que realizó el accionante debieron ser resueltas de manera previa a disponer un apremio corporal, -se reitera- velando por los derechos y garantías que le asisten…” (negrillas propias). Bajo ese entender, conforme ya se precisó, resulta cierta la denuncia del peticionante de tutela en relación a que, la Jueza accionada no resolvió la observación planteada el 28 de septiembre de 2020, sino contrariamente por Auto de 21 de octubre de igual año, aprobó la liquidación, vulnerando los derechos del impetrante de tutela, conculcación que se hace aún más evidente ante la omisión nuevamente de pronunciarse sobre la segunda observación planteada el mismo 21 de octubre de 2020, oportunidad en la cual la autoridad jurisdiccional podía haber resuelto las observaciones, y no lastimosamente agravar la situación emitiendo por un lado el Auto de 1 de febrero de 2021, donde ordenó librar mandamiento de apremio y por otro, nuevo mandamiento con facultades de allanamiento, que posteriormente fue ejecutado.
La autoridad judicial accionada, soslayó lo previsto en el citado art. 415.I de la Ley 603; pues, previó a considerar y aprobar la liquidación solicitada, correspondía emitir pronunciamiento sobre las observaciones planteadas, y luego recién emitir lo que corresponda; porque, pasar por alto las observaciones expuestas por el obligado contraviene la naturaleza misma del instituto de la observación ideada por el legislador ordinario cuya finalidad radica en contrarrestar argumentos o datos contrarios a efectos que la liquidación no sea irracional o excesiva; por lo tanto, es de previo y especial pronunciamiento. En ese marco, debe quedar claro que, si bien conforme a los mandatos constitucionales, el Estado debe garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia procurando pleno goce y ejercicio efectivo de sus derechos como a la asistencia familiar; empero, en ese cometido, no debe dejarse de lado que en la tramitación de todo proceso de asistencia familiar y liquidación por deudas devengadas, se debe garantizar los derechos de la parte obligada, que como bien se conoce, el incumplimiento a la provisión de las asignaciones familiares conlleva una privación la libertad; en consecuencia, con mayor razón los operadores de justicia deben prever que toda la gestión y tramitación estén de acuerdo a las normas previstas sin vicios de nulidad; puesto que, un sometimiento estricto a la norma procesal familiar contribuye también a garantizar los derechos de los beneficiarios de la asistencia. Por todo lo expuesto, resulta razonable conceder la tutela en este punto, dejando sin efecto la resolución que aprueba la liquidación y posteriores actuados hasta la emisión de los mandamientos de apremio; al efecto, deberá previamente resolver las observaciones a la liquidación, si es que hasta la fecha no se hubiera saneado el proceso conforme lo advertido. 2.2. En cuanto a que, una vez aprobada la liquidación, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación; empero, sin haber resuelto el mismo, se emitió mencionado mandamiento de apremio que fue ejecutado. Para este aspecto, de igual forma incumbe remitirnos a lo informado por la autoridad accionada; así, en el indicado Punto I.2.2 de este fallo, la mencionada jueza accionada, identificó que: “…liquidación que fue aprobada por auto de fecha 21 de octubre de 2020 y no habiendo cumplido con el pago de tercero día se ordenó se expida el mandamiento de apremio por auto de fecha 1ro de febrero del 2021, en el que se ordena la deducción de los pagos efectuados a tiempo de cancelar el total devengado de conformidad al art. 127 de la Ley 603, por concepto de asistencia familiar, auto contra el que el obligado interpone el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, resuelto por auto de fecha 21 de enero de 2022 declarando improbado el recurso de reposición y estando alternado se concede la apelación el mismo que aún no ha sido resuelto por el tribunal de alzada. Ordenándose se expida el mandamiento de apremio con facultad de allanamiento conforme establece el art. 127 de la ley 603, por PROVEIDO de fecha 10 de junio del 2022, el obligado plantea el recurso de reposición CONTRA UN AUTO INEXISTENTE DE 10 DE JUNIO DEL 2022, por lo que se dispone que con carácter previo aclare o corrija contra que actuado plantea dicho recurso y se proveerá lo que fuere de ley. Que la orden de apremio por el monto devengado de Bs.-19.00670 mediante auto de fecha 1ro de febrero de 2021 ha sido legal y correcta conforme establecen las disposiciones legales…” (sic). Del informe, se extrae que, efectivamente el accionante interpuso el recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 1 de febrero de 2021, que dispuso cancelar lo devengado y emitir el mandamiento de apremio, recurso que fue resuelto por Auto de 21 de enero de 2022 declarado improbado el recurso de reposición; extremo que, fue corroborado por el accionante en audiencia de garantías, al señalar que “…recién hoy por la mañana me notificaron con la reposición…” (sic); asimismo, se tiene que, la alternativa de apelación fue concedida y que aún no fue resuelta por el tribunal de alzada. Por su parte, resalta que el impetrante de tutela planteó otro recurso de reposición contra un Auto de 10 de junio de 2022, mereciendo observación referida a que con carácter previo corrija respecto a qué actuado interpone el recurso. En ese marco, es evidente que el recurso de reposición con alternativa de apelación planteado por el accionante contra el Auto de 1 de febrero de 2021, ya fue resuelto por Auto de 21 de enero de 2022 declarando por un lado improbado el recurso de reposición, y por otro concediéndose la apelación, estando aún pendiente de resolución por el Tribunal de alzada este último; consecuentemente, lo denunciado por el accionante, no resulta cierto en el sentido que su recurso de reposición no habría sido resuelto, porque como se advierte el mismo mereció pronunciamiento y fue confirmado por el mismo peticionante de tutela en audiencia de garantías, quedando pendiente solamente la resolución de la apelación por el Tribunal de alzada; lo mismo ocurre en cuanto al otro recurso de reposición, que mereció observación por la autoridad accionada; bajo ese entender, corresponde denegar la tutela en este punto; aclarando que, en cuanto a la emisión del mandamiento de apremio, esta instancia constitucional ya emitió criterio en el anterior apartado disponiendo dejar sin efecto el mismo; por lo que, no amerita mayores consideraciones. Finalmente, en cuanto a la solicitud del accionante relacionado a disponer la responsabilidad de la autoridad judicial accionada; no corresponde, su consideración en atención a que tal petición resulta ser muy genérica sin precisar los ámbitos en lo que se pretende responsabilizar.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 24 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración del derecho a la libertad conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional; y, en su mérito disponer:
1.1° Dejar sin efecto la Resolución que aprueba la liquidación y posteriores actuados hasta la emisión de los mandamientos de apremio; al efecto, la autoridad judicial accionada previamente deberá resolver las observaciones a la liquidación, si es que hasta la fecha no se hubiera saneado el proceso conforme lo advertido. 2° DENEGAR la tutela en cuanto a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.2 de este fallo constitucional; y,
3° Exhortar a la Jueza accionada a que en futuros procesos adecue su accionar a la norma procesal familiar y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0034_2025-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a34280248ec45edafed59d4e4e23b4ac9b155a1c5af37d6b59dc537d45783df5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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