Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 13 de mayo de 2025
Define la competencia
En el caso que se analiza, la problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Vicente Mamani Urista, Secretario de Justica y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca; y, María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre del mismo departamento, respecto al conocimiento y resolución del proceso de Desalojo por avasallamiento seguido por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa contra Luis Alberto Paco y Juana Torrez Arancibia.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 103.II del Código Procesal Constitucional, resuelve declarar: COMPETENTE a la Jueza Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca para continuar sustanciado la demanda de Desalojo por Avasallamiento presentado por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera contra Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006 /2025 Sucre, 13 de mayo de 2025 SALA PLENA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 45753-2022-92-CCJ Departamento: Chuquisaca En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Vicente Mamani Urista, Secretario de Justicia y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza; y, María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre, ambos del departamento de Chuquisaca.
Por escrito presentado el 5 de marzo de 2024, cursante de fs. 311 a 313 vta., Vicente Mamani Urista, Secretario de Justica y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza, manifestó que tomo conocimiento de la demanda de desgalojo por avasallamiento presentada por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera contra Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia, ante el Juzgado Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca; proceso que “hasta la fecha” no fue concluido, encontrándose en etapas intermedias de juicio oral agrario; ante el cual, planteó conflicto de competencias jurisdiccionales, solicitando a la indicada autoridad jurisdiccional se aparte del conocimiento del caso en cuestión, por el hecho de haber conocido el mismo con anterioridad, donde se emitió una decisión que no puede ser revisada por la jurisdicción ordinaria ni agroambiental. Asimismo, los mencionados demandados son afiliados a la Comunidad a la que representa -Comunidad Campesina “Zanabria Alta”-, y de acuerdo a los términos de la demanda se concluye que el conflicto versa sobre terrenos ubicados en la nombrada comunidad; por lo tanto, de conformidad a los arts. 191 y 192 de la Constitución Política del Estado (CPE) y su Estatuto Orgánico, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), podrá aplicarse las relaciones y hechos jurídicos que se produzcan dentro de su jurisdicción; es decir, que todos los actos y conductas que se tratan de ver, investigar y procesar en el caso que se analiza, deberá ser resuelta en el marco de los usos y costumbres de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”. Con base en dichos antecedentes, con el fin de no vulnerar el principio nom bis in ídem, siendo que los actos y conductas que se analizan en el presente caso deben ser resueltos a través de sus normas, usos y costumbres, confluyendo en el presente caso los ámbitos de vigencia personal, territorial y material solicitó a la Jueza Agroambiental de Sucre, se “…INHIBA DE SEGUIR CONOCIENDO EL PRESENTE CASO…” y “…EN DICHO MERITO (…) REMITA TODOS LOS ANTECEDENTES A FIN DE QUE EL CONFLICTO SEA RESUELTO A TRAVÉS DE LA JURISDICION INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA” (sic).
Ante la solicitud de inhibitoria del proceso solicitado por el Secretario de Justicia y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, la Jueza Agroambiental de Sucre del mismo departamento, a través del Auto de 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 314 a 318 vta., resolvió NO INHIBIRSE del conocimiento y sustanciación del proceso de Desalojo por Avasallamiento, disponiendo remitir los antecedentes del caso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto que se resuelva el Conflicto de Competencias, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 56 de la CPE, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, siempre que el uso que se haga de ella no perjudique el bien colectivo; que la restricción en el ejercicio de disposición o simple perturbación en su posesión -por quien no tiene derecho legítimo sobre el mismo-, se constituye en una flagrante vulneración a dicho derecho, cuya protección frente a medidas de hecho como el avasallamiento, radica en los mecanismos legales previstos en la norma específica como la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-; b) El ámbito de aplicación y fundamento de dicha norma legal radica en establecer un régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras; y, modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales al respecto en el área urbana como rural, cuya finalidad conforme el art. 2 de la citada Ley, es “precautelar el derecho propietario, interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones”; el art. 4 de dicha norma legal, establece que son competentes para conocer y resolver esas acciones, los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal; c) El art. 5.1 de la citada ley, desarrolla el procedimiento para el desalojo en la jurisdicción agroambiental a la cual puede acudirse de manera escrita o verbal, acreditando el derecho propietario y una relación suscinta de los hechos; la demanda debe ser admitida por la autoridad agroambiental en el día; y, en el plazo de veinticuatro horas, señalar audiencia de inspección ocular, entre otros; d) La Ley 477 determina inequívocamente que la jurisdicción agroambiental es competente para conocer los conflictos emergentes de las ocupaciones o invasiones de hecho contra propiedades privadas, colectivas, comunitarias, de dominio público o tierras fiscales, precautelando el derecho propietario y evitando los asentamientos irregulares de la población que no tuviere ningún derecho, ni autorización sobre la propiedad, afirmación que encuentra resguardo en el entendimiento adoptado por el Tribunal Agroambiental a través del Auto Agroambiental Plurinacional S2 106/2021 de 2 de diciembre; e) En el caso específico, Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera, acudieron a la jurisdicción agroambiental a fin de que su derecho propietario sea protegido; e inhibirse del conocimiento del caso se constituiría en vulneración al derecho al acceso a la justicia, entre otros; f) Tomado en cuenta que el orden constitucional reconoce varias jurisdicciones, no es menos evidente que el art. 191 de la Ley Fundamental estable los ámbitos de vigencia personal, territorial y material para que la JIOC asuma competencia; g) El ámbito de vigencia personal, determina que están sujetos a la JIOC los miembros de la nación o pueblo IOC, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos; contexto en el cual, la Subcentral Única de Trabajadores de Sanabria, constituida en una instancia superior, tiene competencia para la solución de conflictos suscitados al interior de su jurisdicción territorial, habiendo declarado de manera textual que los demandantes y demandados dentro del proceso de avasallamiento se encuentran afiliados a la comunidad de Zanabria Alta, comprendiéndose que, el ámbito de vigencia personal concurre para la administración de justicia al interior de la JIOC en la solución del conflicto; h) Respecto al ámbito de vigencia material, el art. 191.II.2 de la CPE, hace una derivación a la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, en cuyo art. 10 manifiesta expresamente que la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación, especificando un catálogo de materias sobre las cuales no tiene jurisdicción; en tal sentido, a objeto de determinar si en el caso concreto concurre, el ámbito material, resulta necesario remitirnos a lo previsto por el art. 5.I de la Ley 477, el cual desarrolla el procedimiento de desalojo, indicando que se llevará adelante en la vía jurisdiccional agroambiental donde la demanda puede presentarse de manera verbal o escrita; consiguientemente, la jurisdicción competente es la agroambiental; infiriendo que el ámbito de vigencia material no concurre en el caso analizado, no pudiendo derivarse el conocimiento del proceso de desalojo a la JIOC; i) En relación al ámbito de vigencia territorial, el art. 191.II.3 Constitucional, determina que la JIOC tiene competencia para la administración de justicia respecto de las relaciones y hechos jurídicos que se realizan al interior de su territorio, o cuando sus efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo IOC; siendo evidente que, el predio en conflicto se encuentra al interior de la comunidad denominada Zanabria Alta, que forma parte de la organización que solicita la declinatoria de competencia, asumiéndose, que el ámbito de vigencia territorial concurre para la solución del conflicto en el marco de la JIOC; y, j) En virtud a lo desarrollado, se concluye que la JIOC tiene competencia para el conocimiento y sustanciación respecto de aquellos hechos, situaciones o relaciones jurídicas siempre y cuando concurran los ámbitos de vigencia: personal, material y territorial, correspondiendo que dicha jurisdicción, la que resuelva el conflicto o controversia, bajo sus normas y procedimientos propios; no obstante, cuando no concurran simultáneamente los citados ámbitos, la JIOC no podrá administrar justicia en la solución del conflicto, entendimiento que fue adoptado por la SCP 0037/2013 de 4 de enero, entre otras.
La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional 0110/2024-CA de 19 de marzo, cursante de fs. 323 a 328, en aplicación de la atribución conferida por el art. 103.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales interpuesto por Vicente Mamani Urista en su calidad de Secretario de Justicia y Defensa Comunitaria de la Subcentralia Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta” Cantón Siccha de la provincia Oropeza y la Jueza Agroambiental de Sucre, ambos del departamento de Chuquisaca, siendo notificadas las prenombradas autoridades el 29 de julio y 1 de agosto de 2024, respectivamente, conforme consta en diligencias de notificación cursantes a fs. 336 y 346.
Mediante nota de 31 de diciembre de 2024, remitida a la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, Georgina Amusquivar Moller, ex Magistrada, procedió a la devolución del expediente para nuevo sorteo. La causa fue sorteada el 20 de febrero de 2025; asimismo, mediante Decreto Constitucional de 27 de febrero de 2025, cursante a fs. 360, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo, a efectos de recabar documentación complementaria, término que fue reanudado por Decreto Constitucional de 16 de abril del mismo año (fs. 409); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de término plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa “ACTA DE PROBLEMA DE TIERRA” de 15 de mayo de 2021, suscrita en la Comunidad de Zanabria de la Sub Central de Zanabria del Distrito Cuatro del Municipio de Poroma de la provincia Oropeza Segunda del departamento de Chuquisaca; mediante la cual decidieron “…hacer respetar los Mojones como también el INRA deberá respetar la decisión de la Comunidad. La Comunidad de Sanabria Alta decide del Compañero Mario la Rosa que abandonó la reunión sin hacer caso a los afiliados por eso la comunidad resuelve (…) por que no respeta a las organizaciones por eso si no respeta los mojones resuelve devolver el dinero de la compra y expulsarlo de la comunidad. El anterior comprador del terreno sabía sobre el acta de respetar los mojones y aceptó con un dibujo que los planos del INRA están pasado” (sic [fs. 94 y vta.]) II.2 Por memorial de 22 de noviembre de 2021, Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera, ambos con domicilio en la calle EEUU 517 -Barrio Petrolero de la ciudad de Sucre, acudieron ante la Jueza Agroambiental de la misma ciudad, demandando Desalojo por Avasallamiento contra de Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia, señalando ser propietarios del lote de terreno actualmente denominado “…COMUNIDAD CAMPESINA ZANABRIA ALTA PARCELA 031, con una superficie de 6.8011 ha. (seis hectáreas con ocho mil once metros cuadrados) ubicada en el Municipio de Poroma, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca…” (sic), acreditando su derecho mediante “…Testimonio 373/2019 de 20 de febrero, Registro de Transferencia de Cambio de Nº CHU 00223/2019…” (sic); plano catastral”, folio real con matricula 1.01.0.30.0001958 y Título Ejecutorial de 10 de septiembre de 2014 (fs. 72 a 76 vta.). II.3. Por Auto 050/2021 de 26 de noviembre, la Jueza Agroambiental de Sucre, admitió la demanda de Desalojo por Avasallamiento determinando el traslado a los demandados Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia, determinando como medida precautoria la paralización y suspensión de todo tipo de trabajos (fs. 79 y vta.). II.4. Por Resolución 01 de 4 de enero de 2022, en atención a convocatoria de la Subcentralía de Zanabria, se concentraron “…Autoridades Naturales de la Comunidad - Zanabria Alta – Sub Alcalde de Zanabria - La Mendoza - Sijcha Alta - Sijcha Baja - Pampas Alta, concentrados en el sector (…) Rodeo Khasa…” (sic), establecieron:
“Considerando: Los antecedentes del proceso que se sigue por el Sr. Mario Gilmar Labrosa Vaquera y Elena Salinas Zarate de LaBrosa en contra del comunario Alberto Paco Flores, Afiliado de la comunidad Zanabria Alta - que de manera incomprensiva y defectos técnicos legales - provocadas a consecuencia de errores realizados por el personal del INRA en el proceso de saneamiento que a la fecha ha generado conflictos. Considerando: que la Subcentralía- y todas las Autoridades Naturales de las 6 comunidades de la Sub-centralia de Zanabria- del Distrito 4 del Municipio de Poroma (…) deciden hacer respetar todos los Derechos proclamados por la Constitución Política del Estado Tierra territorio dentro de la jurisdicción de la sub - centralia de Zanabria.
Considerando: La vulneración de los derechos de cada Autoridad - Natural Dirigentes - por la Autoridad-Ordinaria del Tribunal Agroambiental con el proceso de Desalojo por Avasallamiento - a un comunario reconocido en su derecho propietario - en cuanto a la Función Económica Social, enmarcadas dentro los mojones establecidos - Reconocidos Dentro de la Comunidad por las Autoridades Naturales. Considerando: La intervención de persona no oriunda del lugar que viene afectando - Derechos propietarios - por causa efecto de títulos Ejecutoriales - erróneamente Emitidos en el Saneamiento en cuanto a la Superficie - sin pericia de campo satelitalmente Diseñados los puntos cardinales de propiedad por el INRA.
La Sub - centralia de Zanabria - Sub - Alcalde y los 6 Dirigentes de la Comunidad Zanabria - Zanabria Alta - Sijcha Alta, la Mendoza, Pampa Alta el Municipio de Poroma reconocida en cuanto a su Jurisdicción y Competencia por la C.P.E. Sus Estatutos. Resuelven: Art[í]culo Primero.- Se determina suspender la Audiencia Señalada para la Inspección. por Determinación del Sub-Central y Dirigentes. Art[í]culo Segundo.- Poner a conocimiento del Presidente del Tribunal el Atropello y Amenaza por la fuerza militar que acompaña a los demandantes. Art[í]culo tercero.- poner a conocimiento del Central provincial y la FUTPOCH. para defender los derechos tierra territorio. Art[í]culo cuarto: Se Responsabiliza al INRA por los errores que conflict[ú]a intereses de propiedad” (sic [fs. 157 a 158]). II.5. Por memorial de 10 de enero de 2022, presentado ante la Jueza Agroambiental de Sucre, Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia, respondieron negativamente a la demanda de Desalojo por Avasallamiento, señalando que el Título Ejecutorial PPD-NAL-368248 de 10 de septiembre de 2014, fue emitida con vicios de nulidad ya que en la mensura hubo un acto aparente que no corresponde a la realidad, por lo que el INRA no respetó los mojones de saneamiento interno correspondiendo una demanda de nulidad del mencionado título; solicitaron se declare improbada la demanda por no haber lugar al desalojo y haberse demostrado contundentemente la existencia de posesión legal del sector por su persona (fs. 106 a 108 vta.). II.6. Mediante Memorial de 5 de marzo de 2024, Vicente Mamani Urista en su calidad de Secretario de Justicia y Defensa Comunitaria de la Sub Centralia Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Zanabria, se apersonó ante la Jueza Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca, solicitando SE INHIBA DEL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA de Desalojo por Avasallamiento seguido por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa contra Luis Alberto Paco y Juana Torrez Arancibia (fs. 311 a 313 vta.). II.7. Por Auto de 6 de marzo de 2024, la Jueza Agroambiental de Sucre del referido departamento, determinó NO INHIBIRSE del conocimiento y sustanciación de la demanda de Desalojo por Avasallamiento; por lo que, remitió antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 314 a 218 vta.).
En el caso que se analiza, la problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Vicente Mamani Urista, Secretario de Justica y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca; y, María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre del mismo departamento, respecto al conocimiento y resolución del proceso de Desalojo por avasallamiento seguido por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa contra Luis Alberto Paco y Juana Torrez Arancibia.
En las demandas de conflicto de competencias jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional se limitará a resolver si es la autoridad de la JIOC o de la jurisdicción ordinaria o agroambiental, la competente para conocer y juzgar un caso concreto; en ese sentido, el conflicto de competencias jurisdiccionales constituye una demanda constitucional específica del derecho procesal constitucional que tiene la finalidad de resguardar la garantía del juez natural, imparcial e independiente; por lo que, al declarar competente a una determinada autoridad, debe al mismo tiempo, resguardar el derecho al debido proceso de las partes, destacando principalmente en la imparcialidad y objetividad que debe imperar en el conocimiento del caso por la autoridad a la que declare competente; no obstante, se debe aclarar, que el conflicto de competencias jurisdiccionales no tutela derechos constitucionales ni toma en cuenta si en el caso hay parcialización de la autoridad jurisdiccional con una de las partes, o si existe o no cosa juzgada, puesto que esos asuntos se deben resolver en la vía que corresponda.
En ese sentido, el art. 191 de la CPE, señala:
I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Ahora bien, en cumplimiento de la disposición contenida en el art. 191.II.2 Constitucional se promulgó la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, que en su art. 8 dispone: “(ÁMBITOS DE VIGENCIA). La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente” (énfasis añadido).
Al respecto la SCP 0026/2013 de 4 de enero, señaló que la jurisdicción indígena originaria campesina, en el ámbito de vigencia personal alcanza a:
“1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia pre-colonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: '…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…', aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo 'particular' que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: 'La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio'.
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originario campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE”.
Por su parte, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3.1, indicó que: “…para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, ideomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino…” (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
De lo referido se comprende que, para la concurrencia del ámbito de vigencia personal, las partes -denunciantes, victimas, querellantes, imputados-, deben ser miembros de la comunidad indígena, o en su caso en ejercicio de su derecho a la autodeterminación personal haber señalado de forma expresa o tácita la pertenencia a la comunidad.
Por otro lado, la DCP 0006/2013 de 5 de junio, en su Fundamento Jurídico III.8, con relación al ámbito de vigencia personal entendió que: “…resulta extensible la jurisdicción indígena originaria campesina y válidas las decisiones que de ellas emanen respecto a los supuestos de afectación por quienes no son miembros del pueblo indígena originario campesino, pero sus actos se han realizado en su territorio y se ha afectado a las personas y bienes de la comunidad por parte de ‘terceros’, ‘externos’ o personas no indígenas…”.
En relación a ello, el art. 191.II.3 Constitucional, instituye: “Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”; previsión constitucional que ha sido desarrollado por el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, señalando que: “(ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL). El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley” (el resaltado y subrayado es nuestro). En relación dicho ámbito de vigencia territorial, la mencionada SCP 0764/2014, señaló que: “Además del ámbito de vigencia personal y del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria y campesina, el cual tal como se señaló en el parágrafo anterior debe ser interpretado de manera extensiva y progresiva, debiendo además interpretarse las exclusiones competenciales disciplinadas en el art. 10.II de la LDJ de manera restrictiva, es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella”.(el resaltado pertenece al texto original); bajo dicho criterio jurisprudencial, se entiende que la JIOC se aplica en los territorios indígenas de carácter pre colonial y que integra su dominio territorial ancestral; elementos en los que se funda el carácter y la naturaleza colectivista de las NPIOC que constituyen el cimiento primordial sobre el cual se fundan sus varias formas de organización y composición social; Asimismo, tomando en cuenta que los miembros de las NPIOC se encuentran sometidos a migraciones constantes por diversas circunstancias, la JIOC también se aplica a hechos y acciones producidas fuera del territorio ancestral y de dominio histórico del pueblo o nación IOC; empero, sobre el que tiene directa incidencia, afectando la convivencia comunitaria y colectiva.
Al respecto, el art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, respecto al ámbito de vigencia Material, establece que:
“I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.
II El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio;
b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario;
c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas;
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.
III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas”.
A ese efecto se debe puntualizar que la JIOC conoce y juzga la existencia de actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las NPIOC bajo sus normas, procedimientos propios y saberes; cuya comprensión es inherente a la esencia de la plurinacionalidad y el ejercicio de la libre determinación de los pueblos. En tal sentido, la supra señalada SCP 0764/2014 de 15 de abril, sostuvo que: “El tenor literal del art. 191.II.2 de la CPE, señala que: ‘Esta jurisdicción conoce asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’; en ese orden, el art. 10 de la antes mencionada Ley, establece un ámbito de vigencia material para la aplicación de la jurisdicción indígena originario campesina, disposición que en el primer parágrafo, señala que dicha jurisdicción, conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación; por su parte, el segundo parágrafo del art. 10 de la misma Ley, desarrolla un catálogo de materias a las cuales no alcanza el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina. En este marco, corresponde interpretar el art. 191.II de la CPE, bajo las dos pautas hermenéuticas establecidas para su utilización en el presente fallo, para luego, interpretar el ya citado art. 10 de la LDJ ‘desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad’.
En efecto, de acuerdo a los principios de progresividad y de favorabilidad para el ejercicio pleno y eficaz del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, postulado que encuentra sustento en una interpretación armónica de los arts. 13.I, 256 y 2 de la CPE, se tiene que todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, son de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, por tanto, el ámbito de aplicación material de esta jurisdicción, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El postulado expuesto, constituye precedente jurisprudencial vinculante.
En un análisis del art. 10.I de la LDJ ‘desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad’, el postulado antes señalado, debe ser el alcance interpretativo que debe dársele a la referida disposición infra-constitucional.
Asimismo, a efectos de un entendimiento acorde con una interpretación armónica y sistémica del bloque de constitucionalidad imperante, se tiene que el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su tenor literal previene que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados partes, grupo o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ésta, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. En ese marco, este mismo criterio debe ser aplicado para la interpretación del ordenamiento tanto constitucional como infra-constitucional boliviano.
En atención a lo expresado y al amparo de la pauta de interpretación plasmada en el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que en su art. 10.II disciplina las exclusiones competenciales de la jurisdicción indígena originario campesina, debe ser interpretado de manera restrictiva y excepcional, para evitar así suprimir el ejercicio al derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; en ese orden, el numeral primero de dicha disposición, debe ser interpretado a la luz de pautas progresivas y extensivas de interpretación, para consolidar así una máxima eficacia y plena vigencia del principio de libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aspecto coherente con el postulado de plurinacionalidad igualitaria, con armonía social y respeto, bases del orden constitucional establecido a partir de la Constitución Política del Estado de 2009. Este postulado, se configura como precedente jurisprudencial vinculante.
Además, a partir de la garantía de goce efectivo del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, consagrado en el art. 2 de la CPE, si bien el art. 10.I de la LDJ y por ende la aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina debe ser interpretada de manera extensiva y no restrictiva o limitativamente, no es menos cierto que en aquellos casos en los cuales las autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos, decidan de manera voluntaria, someter asuntos de su jurisdicción a la jurisdicción ordinaria, ésta deberá sustanciar y resolver la problemática, considerando las particularidades del caso y aplicando criterios de complementariedad e interculturalidad” (el resaltado y el subrayado pertenece al texto original).
Por otra parte, en relación al encausamiento de las diversas autoridades IOC; si bien, ejercen el cargo en representación de las NPIOC, las funciones que ejercen lo desarrollan en cumplimiento del mandato constitucional establecido por el art. 30.II.5, 14 y 18 Constitucionales, referido: “A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado”; como una expresión del derecho colectivo “al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” y el derecho “a la participación de los órganos e instituciones del Estado“; es decir, el accionar de las autoridades IOC es la materialización de la incorporación de las NPIOC en la estructura general del Estado; escenario en el cual el encausamiento de las autoridades IOC corresponde a la justicia ordinaria; en tal sentido resulta aplicable el precedente constitucional establecido en la SCP 0672/2014 de 8 de abril, sosteniendo que: “De la relación entre los tres ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y el contexto mayor en el que se desenvuelve; es decir, un ámbito nacional y otro internacional, es lógico concluir que no tiene competencia para conocer todas las problemáticas que se presenten en su territorio sino que nuestra Constitución Política del Estado, distribuyó las competencias jurisdiccionales entre el ámbito local, nacional e internacional, último caso regido bajo el principio de subsidiariedad.
En efecto, la Norma Suprema a la vez de reconocer a las autoridades IOC, admite paralelamente a autoridades con jurisdicción nacional así las del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Electoral y las del Judicial, quienes por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones; es decir, en representación no de la colectividad IOC, sino del nivel nacional deben ser juzgadas conforme a los procedimientos del nivel central, de lo cual además se concluye que toda problemática emergente de la misma es de fuero nacional, lo contrario implicaría burlar el ámbito competencial dispuesto por la Constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).
En ese contexto, se puede concluir que para analizar la concurrencia del ámbito de vigencia material no basta con que el caso concreto se encuentre o no excluido de su conocimiento por el art. 10.II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; sino que, la misma debe partir de una interpretación intercultural, de forma amplia en favor de las JIOC, debiéndose examinar si el caso en controversia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina fue o no de conocimiento y resolución de manera constante y que histórica y ancestralmente lo realizaron en base sus usos y costumbres; debiendo por lo tanto otorgar la competencia a la JIOC en virtud a una interpretación amplia al derecho a la autodeterminación de las NPIOC; sin efectuar un análisis legalista y cerrado de las normas que puedan excluir materias para la JIOC.
La problemática planteada tiene por objeto dirimir el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Vicente Mamani Urista, Secretario de Justica y Defensa Comunitaria de la Sub Centralía Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de la Comunidad Campesina “Zanabria Alta”, Cantón Siccha de la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca; y, María Soledad Peñafiel Bravo, Jueza Agroambiental de Sucre del mismo departamento, respecto al conocimiento y resolución del proceso de Desalojo por avasallamiento seguido por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa contra Luis Alberto Paco y Juana Torrez Arancibia. Bajo esa premisa, en virtud a los antecedentes glosados a la presente causa, lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en observancia de los arts. 191.I y II de la CPE; 9, 10 y 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional respecto a la concurrencia de los ámbitos de vigencia, personal, material y territorial, corresponde efectuar el análisis en el fondo del problema jurídico constitucional planteado, a objeto de dilucidar el conflicto de competencias jurisdiccionales promovido; y, en tal mérito establecer qué autoridad es la competente para conocer y resolver el caso en cuestión.
En ese orden, el art. 10.II. inc. a) y d) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, desarrolló un catálogo de materias -respecto al ámbito de vigencia material- en las cuales las autoridades de la JIOC no tienen competencia; en ese sentido, respecto al ámbito de vigencia material, señaló: “Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL).
(…)
II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio;
(…)
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente” (las negrillas fueron añadidas). Ahora bien, conforme se tiene de la Resolución de 6 de marzo de 2024, a través de la cual, la Jueza Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca, está determinó NO INHIBIRSE del conocimiento y sustanciación del proceso de Desalojo por Avasallamiento en cuestión, disponiendo remitir los antecedentes del caso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a objeto de que se resuelva el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado; en el marco de la demanda presentada el 22 de noviembre de 2021, por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera, ambos con domicilio en la calle EEUU 517 - Barrio Petrolero de la ciudad de Sucre, ante la Jueza Agroambiental de la misma ciudad, demandando Desalojo por Avasallamiento contra de Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia, señalando ser propietarios del lote de terreno actualmente denominado “…COMUNIDAD CAMPESINA ZANABRIA ALTA PARCELA 031, con una superficie de 6.8011 ha. (seis hectáreas con ocho mil once metros cuadrados) ubicada en el Municipio de Poroma, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca…” (sic), acreditando su derecho mediante Testimonio 373/2019 de 20 de febrero, Registro de Transferencia de Cambio de Nº CHU 00223/2019; plano catastral, folio real con matrícula 1.01.0.30.0001958 y Título Ejecutorial de 10 de septiembre de 2014 (fs. 72 a 76 vta.). En contexto, si bien es cierto que dentro del catálogo inserto en el art. 10.II.a) de la Ley de Deslinde Jurisdicional, no se encuentra de forma específica el Desalojo por Avasallamiento como un caso que no puede ser conocido por la JIOC; situación que daría cabida a que el caso pueda ser conocido y resuelto por dicha jurisdicción; sin embargo, el parágrafo III del mencionado precepto legal determina que la JIOC no puede conocer materias que estén reservadas ya sea por la Constitución Política del Estado o la ley, a la jurisdicción ordinaria u otras; en ese orden de cosas, se debe establecer que el 30 de diciembre de 2013 fue promulgada la Ley 477 -Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras-, que en sus arts. 1, 2, 3 y 4, regulan el objeto y la finalidad de dicha norma legal; así como la definición del avasallamiento y la competencia para su conocimiento; en ese sentido, señala: “ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente ley tiene por objeto:
1. Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. Modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el avasallamientos y tráfico de tierras en el área urbana o rural. ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones.
ARTÍCULO 3. (AVASALLAMIENTO). Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales.
ARTÍCULO 4. (COMPETENCIA). Los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal, son competentes para conocer y resolver las acciones establecidas en la presente Ley” (enfasis añadido).
Desde esa perspectiva, con base en los fundamentos esgrimidos precedentemente, se puede afirmar que el avasallamiento constituye un hecho que debe ser resuelto entera y exclusivamente bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria penal o por la agroambiental; y no así por la JIOC, conforme lo determina el señalado art. 4 de la mencionada Ley 477; precepto que se encuentran en armonía con lo determinado por el art. 10.II.d de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; en consecuencia, de dicho análisis se asume que las autoridades IOC no pueden conocer y resolver causas relativas a hechos vinculados al avasallamiento; sin embargo, soslayar, que para analizar el ámbito de vigencia material se debe efectuar una interpretación intercultural más amplia y favorable a la JIOC, analizando si el caso en conflicto fue de conocimiento y resolución histórica y ancestral por la JIOC por medio de sus normas y procedimientos propios; en ese sentido, en la parte in fine del Fundamento Jurídico III.3.3 se razonó en sentido que:“…para analizar la concurrencia del ámbito de vigencia material no basta con que el caso concreto se encuentra o no excluido de su conocimiento por el art. 10.II de la LDJ; sino que, la misma debe partir de una interpretación intercultural, más amplia y progresiva posible en favor de las JIOC, debiendo analizar si el caso en disputa entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina fue o no de conocimiento y resolución de manera constante que histórica y ancestralmente lo realizaron en base a sus usos y costumbres, debiendo por tanto, otorgar la competencia a la JIOC a través de una interpretación amplia al derecho a la autodeterminación de NPIOC, sin efectuar un análisis legalista y cerrado de las normas que puedan excluir materias para la JIOC”. En tal sentido, si bien se asume que el avasallamiento, no se encuentra excluido de forma expresa por el art. 10.II.a) de la Ley de Deslinde Jurisdicional; no obstante, a raíz de la previsión contenida en el art. 10.II.d) del mismo cuerpo legal surge la disposición contenida en el art. 4 de la Ley 477, que otorga la competencia a las jurisdicciones ordinaria y agroambiental para el conocimiento y resolución de casos de avasallamiento; no obstante, asumiendo el razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1.3 de este fallo constitucional, el ámbito de vigencia de la JIOC, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible para asegurar la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto del ejercicio pleno de la libre determinación de las NPIOC y que la calificación de los hechos debe realizarse de acuerdo a su sistema jurídico, acorde a su forma de vida social y cultural que histórica y tradicionalmente hayan sido de su conocimiento y resolución. Desde esa perspectiva, se debe tomar en cuenta que en el presente caso se evidencia que los hechos de avasallamiento denunciados Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera, tienen por objeto desalojar a los denunciados de su propiedad individual, debidamente registrada en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo el folio real con Matrícula 1.01.0.30.0001958, Título Ejecutorial de 10 de septiembre de 2014, ubicado en la “COMUNIDAD CAMPESINA ZANABRIA ALTA PARCELA 031” en el municipio de Poroma, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca; por lo que, si bien el avasallamiento no estaría excluido del conocimiento de la JIOC, desde una interpretación amplia y progresiva;
dicha competencia abarca solo a casos de avasallamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y no así a propiedades individuales -propiedad privada-, tal cual sucede en el caso que se analiza, debiendo aplicarse en dicho escenario lo descrito en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley 477; consecuentemente, por los fundamentos jurídico-constitucionales esgrimidos, se establece que en el caso no concurre el ámbito de vigencia material. En virtud a los argumentos precedentemente expuestos, este Tribunal, concluye que en el caso específico no concurren de manera simultánea los presupuestos establecidos en el art. 191.II de la CPE; toda vez, que conforme el art. 8 (ámbitos de vigencia) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente.”; por lo que en ausencia del ámbito de vigencia material corresponde declarar competente a la Jueza Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca, para la prosecución del proceso de desalojo por avasallamiento; sin que sea imprescindible realizar mayores consideraciones respecto de los ámbitos de vigencia personal y territorial; pues, tal cual se precisó supra, la inconcurrencia de uno de los presupuestos o condiciones para el ejercicio de la JIOC es suficiente para concluir en la incompetencia de la autoridad IOC para conocer y resolver una controversia determinada.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 103.II del Código Procesal Constitucional, resuelve declarar: COMPETENTE a la Jueza Agroambiental de Sucre del departamento de Chuquisaca para continuar sustanciado la demanda de Desalojo por Avasallamiento presentado por Elena Salinas Zarate de Larrosa y Mario Gilmar Larrosa Vaquera contra Luis Alberto Paco Flores y Juana Torrez Arancibia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar, que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Disidente; y, las Magistradas MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Dra. Amalia Laura Villca son de Voto Aclaratorio.
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2025.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): efd4b924c3c446ca40edb344b49710f19e8e9a19ce9dafa7a178da5547227815
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