Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · 31 de agosto de 2021
Recurso infundado
OBLIGACION DE FUNDAMENTAR ERROR DE HECHO Y DE DERECHO
El recurso de casación debe expresar con claridad y precisión la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, ya que este Tribunal Supremo de Justicia debe ceñirse a lo expresado en el recurso de casación, no estándole permitido suponer, inferir o deducir lo que el recurrente pretendió a momento de interponer su recurso.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO Nº 404/2021 de 31 de agosto MAGISTRADO RELATOR: Dr. Esteban Miranda Terán
La entidad recurrente señala que el Tribunal de instancia ha incurrido en error de hecho al apreciar y valorar la prueba, puesto que la falta de correspondencia entre el monto reclamado como deuda inicialmente y luego modificado en las dos demandas; demuestran; o una improvisación a tiempo de elaborar las demandas; o lo que es más grave, que en alguna de ellas se esté faltando a la verdad y con la precaria documentación que se cuenta en el proceso, resulta riesgoso dar como verdadero hechos que pueden ser incorrectos; puesto que, el agravio se materializó de manera inequívoca, hecho que se constituye la causal que sustenta su recurso.
“se advierte, que la demanda contenciosa planteada por Nixon Tarqui Sarzuri, establece que su empresa suscribió diversas contrataciones de compras menores de servicios y provisión de insumos con el GAMY, durante las gestiones 2014 y 2015 (…) que el error de hecho se consolida, solo cuando, la apreciación falsa recae sobre un hecho material y cuando el juzgador considera que no existe prueba eficiente de un hecho determinado, siendo que dicha prueba sí existe y que esa equivocación está probada con un documento auténtico. (…) esta Sala, en el marco del control de legalidad de la resolución impugnada, advierte que el recurso de casación, no ataca ni recurre el fondo de la problemática, dirigida a la demostración de la relación contractual entre el GAMY, el cumplimiento de la obligación y el pago de esta (…) si el GAMY, acusó error de hecho; que debió ser planteado de manera, objetiva y concreta; demostrando de forma manifiesta y objetiva el error en el que incurrió el Tribunal de instancia, conforme dispone la norma, señalando el error incurrido; que es base del fallo errado; con el fin que, de manera excepcional, este Tribunal proceda a una revaloración de esa prueba, aspecto no acontecido en recurso de casación en análisis. (…) prueba documental, llevo a la convicción del Tribunal de instancia, para determinar la existencia de la relación contractual entre el GAMY y la empresa Unipersonal representada por Nixon Tarqui Sarzuri, demostrando por otra parte esta S A L A S O C I A L I prueba, la obligación asumida por la empresa demandante, que fue cumplida, bajo conformidad de personeros del GAMY (…) obligación que fue incumplida en su pago por el GAMY, conforme fue reconocido por la propia institución, alegando ausencia de documentación administrativa de la contratación, documentación que es de responsabilidad exclusiva del ente administrativo, en su archivo y conservación; como tampoco se evidencia, la errada acusación de error de derecho en la apreciación de la prueba, respecto al monto de la obligación, aspectos de manera alguna enervan o desvirtúan la obligación del GAMY y menos el pago no efectuado hasta la fecha.”
Artículo 5 del Decreto Supremo N° 0181
DERECHO ADMINISTRATIVO/ DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO/ PROCESO CONTENCIOSO/ RECURSOS/ CASACIÓN/ EN EL FONDO
ES OBLIGACIÓN DEL RECURRENTE CITAR EN TÉRMINOS CLAROS Y CONCRETOS, EN QUE CONSISTE LA VIOLACIÓN, FALSEDAD O ERROR EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
INFUNDADO
AUTO SUPREMO N° 34-CA de 03 de agosto MAGISTRADO RELATOR: Lic. José Antonio Revilla Martínez
Es competencia de la jurisdicción agroambiental especializada, el conocimiento de los procesos contencioso administrativos, que tengan como controversia planteada por las partes emergentes de una Resolución de infracción administrativa de impacto ambiental, incumplimiento de la gestión ambiental, forestal y uso no sostenible de los recursos naturales.
Dentro de la demanda contenciosa administrativa, la parte demanda interpuso excepción de incompetencia, solicitando la declinatoria de competencia; refiriendo S A
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I que el art. 179-I de la Constitución Política del Estado establece que la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales departamentales de justicia, los Tribunales de sentencia y los Jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y Jueces agroambientales; disposición concordante con el art. 144 de la Ley del Órgano Judicial N° 025; siendo en consecuencia las Salas del Tribunal Agroambiental, las que tienen atribución para conocer la demanda interpuesta, de acuerdo al parágrafo I, numerales 3 y 4; que conforme los antecedentes del proceso, se evidencia que el mismo tiene que ver con los alcances de la Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Competente Nacional – Declaratoria de Impacto Ambiental N° 070701-04-DIA N° 3686/10 de 29 de marzo de 2010 a favor de la Empresa Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia, en relación al proyecto “Perforación Pozo Incahuasi X-2, ubicado en el municipio de Lagunillas, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.
“La naturaleza de los procesos contenciosos administrativos, se constituyen en un medio por el cual se logra efectivizar el control judicial de legalidad, respecto a determinados actos administrativos, vinculados a la correcta o incorrecta forma de interpretar o aplicar preceptos jurídicos, de carácter sustantivo o adjetivo, en el desarrollo del proceso administrativo previo a la presente demanda contenciosa administrativa, conforme lo previsto en el art. 4 inc. i) de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ese contexto, corresponde establecer que en materia agroambiental la naturaleza del proceso contencioso administrativo, se encuentra previsto dentro de las facultades, atribuciones, previstos por los arts. 144 de la Ley Nº 025, 36 de la Ley Nº 1715 modificada por el art. 21 de la Ley Nº 3545 y 189-3 de la CPE (…); que estipulan que el Tribunal Agroambiental dentro de sus atribuciones, conoce y resuelve en única instancia los procesos contenciosos administrativos de las resoluciones administrativas que sancionen el incumplimiento de la gestión ambiental, forestal y uso no sostenible de los recursos naturales. (…) la Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 019/16 de 26 de abril, que dio origen a la Resolución Ministerial – M.A. N° 46; determinó imponer Sanción administrativa de multa de $us. 135.000.00, dentro del proceso administrativo sancionatorio seguido contra el señor Loic Michel Mercel Laurandel representante legal del proyecto “PERFORACION POZO INCAHUASI X-2, por la comisión de infracción administrativa de impacto ambiental, establecida en los incisos a) y e) parágrafo II del art. 17 del Decreto Supremo N° 28592; acto administrativo emitido por el Viceministerio de Medio Ambiente, Bioseguridad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Conforme a lo señalado, en previsión del art. 144 núm. 6 de la Ley Nº 025, al ser la naturaleza del conflicto y origen del acto administrativo sobre el cual se ejercerá el control judicial de legalidad, emergente de una Resolución de infracción administrativa de impacto ambiental (es decir, de naturaleza o tramite ambiental); el presente proceso contencioso administrativo, debe ser conocido, tramitado y resuelto por la jurisdicción Agroambiental especializada, conforme también disponen los arts. 21 de la Ley Nº 3545 y 189 núm. 3 de la CPE;
S A L A S O C I A L I conclusión arribada, con el único fin de garantizar que el proceso se juzgue y tramite ante el Tribunal competente (jurisdicción agroambiental especializada), a los fines de resguardar el derecho al debido proceso, en su vertiente del “Juez Natural”, previsto por los arts. 115-II y 117-I de la Norma Suprema.”
Artículo 189 de la Constitución Política del Estado Artículo 144 de la Ley N° 025 Artículo 36 de la Ley Nº 1715 Artículo 21 de la Ley Nº 3545
DERECHO ADMINISTRATIVO/ DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO/ PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO/ COMPETENCIA
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL ESPECIALIZADA
ANULA OBRADOS
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2021.pdf · páginas 111 a 114.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31158373950f0973c0c416457b359f33c1f496ffe4792ea5bf6f3d8b5683ff5c
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