Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Plena · 23 de marzo de 2022
Procedente
PROCESO DE EXTRADICIÓN
Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes de la Parte Requirente y de la Parte Requerida, cualquiera sea su denominación o calificación jurídica, que sean punibles por la legislación de ambas Partes con una pena privativa de libertad cuyo máximo sea de al menos dos años.
Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.
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Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
AUTO SUPREMO N° 29/2022 de 23 de marzo MAGISTRADO RELATOR: Dr. Juan Carlos Berrios Albizu
La República Argentina a través de su embajada en Bolivia, mediante Nota Nº REB Nº 177 de 04 de mayo de 2021 (fs. 7), dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien a su vez remite la Nota Nº GM-DGAJ-UAJI-Cs-939/2021 de 10 de mayo (fs. 9), requirió la Extradición de la ciudadana Ángela Jenny Ortega López, sobre quien recae la orden de Extradición, ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la ciudad de Buenos Aires – Argentina, por la comisión del delito de sustracción de menores, Causa: N° 931/21, Caratulada: ORTEGA LÓPEZ ÁNGELA JENNY S/SUSTRACCIÓN DE MENORES. El Auto de 10 de marzo de 2021, librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la ciudad de Buenos Aires – Argentina (fs. 1-6), por el que se imputó a la ciudadana Ángela Jenny Ortega López, por el delito de sustracción de menores, previsto y reprimido en el art. 146 del Código Penal argentino con una escala penal de 5 a 15 años de prisión. La imputada habría traspasado las fronteras de la República Argentina sin cruzar por los puestos migratorios habilitados, dirigiéndose a la Ciudad de Tupiza, Potosí, Bolivia, alojándose en el domicilio de su madre, junto a los menores Angélica Micaela Chapoñan Ortega (de 10 años y con DNI 50.439.931) y Víctor Manuel Chapoñan Ortega (de 11 años y con DNI 49.521.529), sin la autorización de su padre para efectuar el viaje. En cumplimiento del AS N° 117/2021 de 21 de septiembre y lo dispuesto por el art. 440 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del país extendieron certificaciones sobre la existencia de procesos penales en trámite que se hubieran instaurado contra Ángela Jenny Ortega López y, en similar situación, se extendió Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Consejo de la Magistratura (fs. 37). De igual manera, en aplicación del art. 158 del Código de Procedimiento Penal Boliviano, una vez notificada Ángela Jenny Ortega López con la solicitud de extradición del Estado requirente y lo dispuesto por el AS 117/2021 de 21 de septiembre, tenía el plazo de diez días a partir de su legal notificación más los de la distancia, para que asumir defensa; sin embargo, no emite pronunciamiento alguno. Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, en representación del Ministerio Publico del Estado Plurinacional de Bolivia, requiere que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declare procedente la extradición de la ciudadana boliviana Ángela Jenny Ortega López, conforme dispone el art. 158 del CPP.
“…Por las razones de hecho y de derecho expuestas, corresponde otorgar la extradición de Ángela Jenny Ortega López de conformidad al art. 153 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal.(…) En conclusión, S A
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P L E N A no existen causas que hagan improcedente la solicitud formulada en el marco del Tratado aplicado que tiene como propósito promover la cooperación entre las partes a fin de entregarse recíprocamente los delincuentes del otro Estado refugiados en el territorio, por lo que corresponde deferir favorablemente a la solicitud de extradición impetrada, asimismo, no existiendo vulneración a lo determinado en los arts. 150 y 151 del CPPb, corresponde resolver favorablemente la solicitud del requirente República de Argentina y ordenar la extradición del sujeto requerido.”
Artículo 184 núm. 3) de la Constitución Política del Estado
Artículo 150 del Código de Procedimiento Penal
Artículos 1, 2 y 4 núm. 1) del Tratado de Extradición suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina
DERECHO PENAL/ DERECHO PROCESAL PENAL/ COOPERACIÓN INTERNACIONAL/ EXTRADICIÓN/ DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN
APLICACIÓN DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN BOLIVIA - ARGENTINA DE 2015
PROCEDENTE
S A L A P L E N A AUTO SUPREMO N° 62/2022 de 20 de abril MAGISTRADO RELATOR: Dr. Carlos Alberto Egüez Añez
Para que la citación o notificación tenga validez, deben ser realizadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación o citación, no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en el desarrollo de los procesos.
El defensor de oficio plantea incidente de nulidad de obrados por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, argumentando en síntesis que dentro del proceso iniciado por Evo Morales Ayma, previa amnistía del ex presidente Carlos D. Mesa Gisbert, vía Decretos Supremos N° 27234 de 31 de octubre de 2003 y 27237 de 4 de noviembre de 2003, jamás fue legalmente citado, nunca se respetaron las normas del debido proceso para una defensa justa y oportuna, vulnerando todos sus derechos, siendo declarado rebelde y ordenado la emisión de mandamiento de aprehensión en su contra sin cumplirse con los requisitos legales y constitucionales para su citación. El Auto Supremo N° 24 de 28 de marzo de 2007, que declaró rebelde a José Carlos Sánchez Berzaín, sin haber sido citado legalmente, vulnera sus derechos y garantías constitucionales, en el caso de autos jamás se lo notificó de manera formal con alguna resolución judicial a José Carlos Sánchez Berzaín, sin tomar en cuenta que sólo el efectivo conocimiento de las resoluciones judiciales asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución de todo proceso, correspondiendo que se anulen obrados en el presente caso.
“…se evidencia que, por diligencia de notificación de 17 de febrero de 2020 de fs. 11368, se notificó al Ministerio Público, mediante el cual se corre traslado con el memorial presentado por el Abog. Nelson Quinteros Salamanca, en su calidad de defensor de oficio de José Carlos Sánchez Berzaín, donde interpuso la nulidad de obrados por defectos absolutos no susceptibles de convalidación. (…) consta que José Carlos Sánchez Berzaín por medio de su apoderado, el abog. Álvaro Rojas Revuelta, se apersonó ante la Corte Suprema y señaló que el domicilio de su defendido estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, de lo que la Fiscalía General de la República procedió a enviar tres sobres que contenían las proposiciones acusatorias, querellas, Resolución Congresal N° 04/04-05, que autorizó el juicio de responsabilidades, con conminatoria de presentarse ante la Fiscalía General de Bolivia en el plazo de cinco (5) días para declarar y asumir su defensa, documentos que fueron revisados y corroborados por notario de fe pública y enviados mediante DHL Bolivia S.R.L., cumpliéndose de esa manera con lo que establece el art. 163 del Código de Procedimiento Penal, al enviar toda la notificación para que el demandando sea notificado y tenga conocimiento de los actos procesales en su contra, de S A
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P L E N A lo que podemos ver que no se vulneraron los derechos a la defensa y al debido proceso del declarado rebelde, toda vez que, al tener conocimiento y no presentarse al llamado de la Ley, ocasionó que se emita el Auto Supremo 24 de 28 de marzo de 2007, declarándolo rebelde por no comparecer a dicha notificación del proceso de responsabilidad por los delitos de Genocidio y otros que se le sigue, los mismos que son considerados como crímenes de lesa humanidad. Por lo que se concluye que en la diligencia fiscal de notificación no existió ningún defecto absoluto, toda vez que, existen las constancias de las diferentes notificaciones que cursan en el cuaderno procesal. Igualmente, el incidentista no probó con documentos fehacientes cómo se habría vulnerado los derechos y garantías constitucionales de su defendido, siendo que, en el momento él mismo al ser designado como defensor de oficio, tomó conocimiento de todos los actuados que se habían llevado en el proceso, el cual, conociendo todos los actos procesales realizados, solamente hizo una relación lírica de su reclamo no adjuntando ningún sustento legal probatorio que acredite lo reclamado.”
Artículo 163 del Código de Procedimiento Penal
DERECHO PENAL/ DERECHO PROCESAL PENAL/ ELEMENTOS COMUNES DE PROCEDIMIENTO/ NULIDAD/ PRINCIPIOS DE LAS NULIDADES PROCESALES/ TRASCENDENCIA
QUIEN PRETENDA LA NULIDAD DE UN ACTO JUDICIAL DEBE EXPRESAR CUAL EL IMPACTO QUE ESE ERROR TUVO EN EL RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN
IMPROCEDENTE
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2022.pdf · páginas 196 a 198.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5aa9ea88ad8ef3f4ec8abcd36a042eb9a87b6046347f21275b608095d079f91
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