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AS 268/2016

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Contenciosa · 23 de agosto de 2016

Recurso infundado

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Contenciosa
Fecha
23 de agosto de 2016
Magistrado relator
Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

Doctrina

Derecho del Trabajo/ Derecho Laboral Sustantivo/ Prescripción/ Interrupción del termino de prescripción por vigencia del art. 48-IV de la Constitución Política del Estado.

Antes de la vigencia de la actual Norma Suprema (7 de febrero de 2009), se daba aplicación plena al art. 120 de la Ley General del Trabajo; es decir los derechos y beneficios sociales prescribían a los 2 años; también, en los casos, en que el cómputo de los 2 años se haya cumplido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado; pero si el cómputo no llegó a su término antes de la vigencia de la Constitución actual, este plazo se interrumpe por mandato de la misma, y genera la imprescriptibilidad de los beneficios sociales y derechos laborales.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

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Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 268/2016 de 23 de agosto. Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

“Al respecto cabe señalar previamente que, la prescripción, es entendida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual como la ‘…consolidación de una situación Jurídica por efecto del transcurso del tiempo (…) ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad…’, refiriendo además que la prescripción de acción debe ser entendida como la: ‘…caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos…’. (Tomo VI pág. 374). En ese sentido, queda claro que la inactividad del ejercicio de un derecho o beneficio por el periodo de un tiempo, que debe estar regulado por ley, conduce a su pérdida.

Ahora bien, corresponde precisar que la prescripción debe ser diferenciada en cuanto a su tratamiento conforme a la naturaleza de la materia en la que es aplicada; de tal forma, es que aquella operada en el derecho civil obedece, en base a las características propias que hacen a dicha materia, a adquirir un derecho o liberarse de una obligación; donde el adquirir un derecho a criterio del autor mencionado precedentemente, se traduce en el derecho por el cual el poseedor de una cosa, adquiere la propiedad de ella por la continuidad de la posesión durante el tiempo fijado por ley; y la liberación de una obligación se constituye en una excepción para repeler una acción, por el sólo hecho de que quien la entabla ha dejado durante cierto tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual se refiere; sin embargo, en materia laboral, asiste el resguardo de un tratamiento diferente, toda vez que ‘…existe un interés social en no prolongar por demás una situación de incertidumbre…’ (Cabanellas, pág. 532); este tratamiento, debe insertarse elementos que hacen a la relación laboral, traducidos en principios protectivos de la trabajadora y del trabajador, en función a su evidente desventaja con su empleador; debiendo además de ello, recordar su contenido con factores propios de desarrollo, al ser una materia perfectamente delimitada en la realidad social, donde el estado tiene el poder y el deber de realizar protección especial y reforzada para ese fin diseño normas adjetivas y sustantivas especiales para que el trabajador alcance la igualdad real”.

(…)

“De otro lado, en relación a haber operado la prescripción y la vulneración de la normativa al respecto; no obstante del análisis efectuado precedentemente, atendiendo el sentido amplio del derecho a la defensa, corresponde referir el tratamiento que en materia laboral rige para la prescripción a partir de la vigencia de la CPE en fecha 9 de febrero de 2009; debiéndose señalar previamente, que producida la desvinculación entre la trabajadora y su empleador de forma anterior a la vigencia de la actual Constitución, independientemente que dicha desvinculación se haya originado de forma intempestiva por despido o por retiro voluntario del trabajador, queda aperturado el cómputo del plazo de 2 años establecido por el art. 120 de la LGT, en concordancia con el art. 163 del DRLGT, para reclamar las acciones y derechos fruto de la relación laboral.

Sin embargo, si el cómputo del plazo de los 2 años no llegó a su término antes de la vigencia de la CPE de 9 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV de su art. 48, que dispone ‘…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA inembargables e imprescriptibles…’, es decir que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el artículo 120 de la LGT y 163 de su DR, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la CPE.

En la especie, de la revisión de los datos del proceso y tal cual afirma la parte demandada en su recurso de casación, se observa que la desvinculación de la trabajadora, se produjo el 31 de enero de 2008, y la CPE actual entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, es decir, 1 año y 6 días de haberse producido la desvinculación laboral, por lo que se interrumpió el cómputo de la prescripción. En sujeción tal cuál se señaló precedentemente a lo dispuesto por el artículo 48. IV de la CPE, no operando lo dispuesto por los artículos 120 de la LGT y 163 de su DR; por lo que la demanda no se encuentra prescrita.

Al respecto y para un mejor entendimiento, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 9 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el artículo 120 de la LGT y 163 de su DR, guardando de tal forma relación con el artículo 123 de la CPE, en cuanto a la retroactividad de la ley, conforme lo ha establecido la amplia jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en base a los Autos Supremos (AS) Nº 85, 224, 197 de 10 de abril y 3 de julio de 2012 y 24 de abril de 2013 respectivamente, de lo que se infiere que el a quo y ad quem, no incurrieron en aplicación indebida de le ley sustantiva o adjetiva alguna como acusa la recurrente”.

Por tanto: Infundado.

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA Sala Plena

Dra Rita S. Nava Durán, Dr. Pastor S. Mamani Villca, Dr. Gonzalo M. Hurtado Zamorano, Dra. Norka N. Mercado Guzmán, Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas, Dra. Maritza Suntura Juaniquina

(de pie, de izquierda a derecha). Dr. Rómulo Calle Mamani, Dr. Jorge I, von Borries Méndez y Dr. Antonio G. Campero Segovia (sentados de izquierda a derecha).

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2016.pdf · páginas 204 a 256.

Huella digital del PDF (SHA-256): d7f9474c829914612f0af590fa22bc99ccd291cc57f27f900eb231de7166fcba

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