B.IA.LEGAL

AS 249/2014

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Social · 23 de julio de 2014

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Social
Fecha
23 de julio de 2014
Recurso
Recurso de casación
Magistrado relator
Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Doctrina

Derecho de Trabajo / Recurso de casación en la forma y en el fondo / Si bien es posible interponer al mismo tiempo ambos Recursos (en la forma y en el fondo), resulta imprescindible también, no sólo que ambas se postulen por separado, sino también que los fundamentos en cada uno de ellos respondan a sus causales, de otro modo, no es posible abrir la competencia del Tribunal de Casación.

Como la resume el propio Tribunal Supremo en su revista de jurisprudencia.

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto de la revista

Texto tal como lo publicó el Tribunal Supremo de Justicia en su revista de jurisprudencia, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

Auto Supremo: 249/2014 de 23 de julio. Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca.

•

En otros términos, acusa al tribunal de haber incurrido en violación de las formas esenciales del proceso, concediendo más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre algunas de las pretensiones, por no haber considerado las pruebas referidas a sueldos devengados y el periodo indemnizable, lo que resulta contradictorio, por cuanto la apreciación de la prueba constituye motivo recursivo de fondo y no de forma. En efecto, conforme al art. 253.3) del CPC, el recurso de casación en el fondo, procede: ‘Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho…’. Sobre éste particular, debe tenerse presente que conforme a la naturaleza del instituto, ampliamente abordado en la jurisprudencia de este Tribunal, el error de derecho es entendido como una operación racional fallida nugatoria del valor o la validez que otorga la ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio. Conviene aclarar que en materia laboral no tiene mayor incidencia la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino el sistema de persuasión racional con arreglo al art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT); sin embargo, ello no supone la imposibilidad de incurrirse en error de derecho en la apreciación de la prueba, en la medida que, como se tiene expuesto, se puede incurrir en error de juicio sobre su admisibilidad, pertinencia y eficacia; esto es, en tanto se soslayen los elementos de admisibilidad de la prueba al momento inicial de la ritualidad probatoria, considerados en la doctrina como: i) admisibilidad extrínseca o formal, referida al ofrecimiento oportuno y; ii) admisibilidad intrínseca o sustancial, referida a la licitud de la prueba y al modo como fue obtenida. Nótese que en ambos casos no se trata aún de ponderar el contenido del material probatorio que hace al error de hecho, sino a otros aspectos formales y legales. Por su parte, el error de hecho constituye una operación racional fallida sobre, esta vez, el contenido mismo del material probatorio, determinando en el juzgador la obtención de una significación distinta a las que ellas -las pruebas-, en el marco de la lógica, la razón y la experiencia informan; denominado también como juicio de convicción. Sobre éste particular, el Tribunal de Casación tiene dicho: ‘En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones ‘in judicando’ como ‘in procedendo’ para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin ‘reenvío’ (artículo 274), fallando en lo principal del litigio (‘iudicium rescissorium’) y, en el segundo, anulando (‘iudicium rescindens’) y ‘reenviando’ el expediente para que, según el caso, se pronuncie el juez de origen o el siguiente en número’. (AS Nº 344-Social I, de 15/11/05). Conforme a lo anterior, no es difícil advertir que el recurrente incumplió la previsión legal contenida en el art. 258 en relación con los arts. 250, 253 y 254 todos del CPC, a mérito que si bien es posible interponer al mismo tiempo ambos recursos -en la forma y en el fondo-, resulta imprescindible también no sólo que ambas se postulen por separado, sino también que los fundamentos en cada uno de ellos respondan a sus causales, de otro modo, no es posible abrir la competencia del Tribunal de Casación a efectos de resolver el fondo de la controversia, por cuanto al tratarse de la errónea valoración de la prueba, ya sea de hecho o de derecho, la solución jurídica reclama casación, lo que supone un nuevo juicio sobre el problema jurídico controvertido que involucran esas pruebas y decidirse sobre el fondo del mismo, sin lugar a la nulidad, conforme pretende el recurrente. Asimismo y aún prescindiendo considerar la deficiencia anterior y entendiendo que la pretensión sea el juicio casatorio, no es posible abrir la competencia del órgano a dicho efecto, por cuanto tampoco el recurrente acusa infracción legal, tenido como requisito imprescindible por el art. 258.3) del CPC, a mérito que conforme al art. 274.I del mismo ritual civil: ‘El tribunal o juez casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas ….’ (el resaltado nos corresponde) y, siendo así, para casar un auto de vista, el tribunal, debe prima facie verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el auto de vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo aplicando esas leyes conculcadas. En el marco de la inteligencia de éste dispositivo legal, mal podría este Tribunal casar un Auto de Vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio. Y si bien es cierto que en el recurso se acusa violación del art. 190 del CPC, es también evidente, conforme se expuso supra, que los argumentos alegados en ése contexto, se refieren a la errónea apreciación de la prueba, materia del recurso de casación en el fondo, mientras que el art. 190 del CPC tiene más bien relación con vicios in procedendo, materia del recurso de casación en la forma, en el que correspondía especificar ‘en qué consiste la violación, falsedad o error’ con arreglo al art. 258.2) del CPC; esto es, el modo o la manera en que el Tribunal de apelación incurrió en esa violación; cuál la trascendencia del vicio respecto al resultado del fallo y cuál el perjuicio ocasionado, por cuanto conforme a la naturaleza del instituto, la nulidad no constituye un fin en sí mismo, sino un mecanismo orientado a la garantía del debido proceso, de tal modo que con ella se logre volver hasta el momento lesivo a fin de que sea reparado y, si como en el caso presente, no existe o no se demuestra, menos se acusa esa lesión o perjuicio material, el instituto carece de eficacia. Lo anotado, demuestra la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 258.2) del CPC, relativas a la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente o del error de derecho o hecho en la apreciación de las pruebas, con la conclusión de un petitorio claro acorde a los intereses demandados y a la normativa acusada como transgredida, por cuanto el legislador cuida que el recurso cumpla su finalidad de abrir la competencia del órgano y éste no incurra en arbitrariedad alguna”. Por tanto: Improcedente.

“Es decir, se advierte que todos los mecanismos activados por la trabajadora para pretender el respeto a su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, -pese haber sido otorgados formalmente a su favor-, no rindieron materialmente sus frutos, al haber primado la falta de voluntad de la parte empleadora para no reincorporarla al trabajo, fruto de lo cual se entiende la existencia del documento transaccional que se acompaña a fs. 8, y que sirvió, incorrectamente, a los Tribunales de instancia para fundar su decisión, otorgando eficacia al despido de la trabajadora conforme al memorando del 8 de abril de 2011, sin considerar que la efectividad de dicho memorando de despido estaba cuestionado por la trabajadora, que al haber acudido ante las instancias anotadas, consiguió formalmente su reincorporación laboral, pero sin mucha eficacia material, al haber primado la voluntad del empleador para no cumplir con la reincorporación, pese a constituir una obligación del empleador, que debió cumplir con lo dispuesto por la instancia administrativa, independientemente de cualquier recurso que pueda formular, conforme el art. 10 del DS Nº 28699 que expresa la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, así como en observancia del principio protector y de estabilidad laboral, explicados en el inicio del presente considerando; elementos éstos que no fueron tomados en cuenta y por ello se resolvió no conceder el concepto de salarios devengados, que entre otros derechos, fueron demandados por la actora; interpretando además en forma indebida el art. 52 de la LGT en sentido de que al no haber trabajo efectivo, no era procedente el pago reclamado, sin considerar los antecedentes fácticos y legales referidos supra y sin considerar que tales sueldos corresponden a la injusta e ilegal cesantía de la actora, reconocidos como tiempo de servicios por el art. 6.e) del DS. 1592 de 19 de abril de 1949 y 25.e) del DS. 3691 de 3 de abril de 1954.

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo resumenes-jurisprudencia-2014.pdf · páginas 148 a 151.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6fab12e7ef503c814a70b2120e27f38f2200f471ad568b4dc87b62b8c51d81c9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →