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AS 0346/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Social Primera

Anula obrados

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Social Primera

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la Constitución Politica del Estado y en el art. 42.1.1 de la Ley de Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 239/2025 de 26 de septiembre; debiendo el Tribunal de Alzada emitir un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución.

Sin multa, por ser excusable.

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En mérito a la convocatoria efectuada, interviene en la suscripción del presente Auto Supremo, el Magistrado German Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 346/2026 Sucre, 20 de mayo 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 988/2025 Demandante : Pablo Nicolas Huaylla Echalar Demandado : Empresa Constructora Catova Construcciones S.R. L Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Chuquisaca Relator Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 760 a 771 interpuesto por la empresa Catora Construcciones SRL, contra el Auto de Vista 239/2025 de 26 de septiembre, de fs. 755 a 757 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales, seguido por Pablo Nicolas Huaylla Echalar contra la empresa recurrente; el escrito de contestación a fs. 773 y vta.; el Auto Interlocutorio 222/2025 de 19 de noviembre, a fs. 775 que concedió el Recurso de Casación, el Auto de Admisión 988/2025-A de 2 de diciembre, que admitió el citado medio de impugnación; y, los antecedentes del proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral de referencia, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Segundo del tribunal Departamental de justicia de Chuquisaca, emitió la Sentencia 38/2023 de 8 de septiembre, de fs. 144 a 147, declarando PROBADA la demanda de fs. 22 a 24 con costas, e, .--improbada la excepción de pago; disponiendo que la empresa demandada a través de su representante legal, pague en favor del demandante la suma de Bs33.211,62 (treinta y tres mil doscientos once 62/100 bolivianos) por concepto de salarios devengados, indemnización, aguinaldo y vacaciones.

Más lo que corresponde los derechos de actualización y multa establecida en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699, a calificarse en ejecución de sentencia.

Auto de Vista

Deducido el Recurso de Apelación por parte de la empresa demandada por escrito de fs. 163 a 168, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista 239/2025 de 26 de septiembre, de fs. 755 a 757 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia 38/2023 de 8 de septiembre.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra la determinación del Tribunal de Alzada, la empresa Catora Construcciones SRL, a través de su representante legal por memorial de fs. 760 a 771, interpuso Recurso de Casación en la forma y en el fondo, argumentando lo siguiente:

1. Denunció que no se valoró la prueba presentada en segunda instancia; en relación a la existencia de la relación laboral de 14 de diciembre de 2020 a 1 de enero de 2021; toda vez que, en dichas fechas el recurrente se encontraba con arresto domiciliario en la ciudad de La Paz; por lo que, no pudo ser contratado en las fechas que menciona el demandante. 2. Refirió que, no se valoró las paralizaciones de la obra que ejecutó la empresa, que demuestran que las fechas que dice ser contratado el actor, el proyecto se encontraba paralizado sin actividad.

3. Indicó que, el actor no demostró que sea Director de Obra o de nivel similar; ya que, de las planillas de pago el demandante no AtacA, A,),(;)tact.,~1(4 647~0. ' firma como Director de obra; sino, se encuentran firmadas por otra persona en esa calidad, por lo que el actor no justificó el salario pretendido en la demanda, aduciendo que se le otorgó un nivel salarial que no le corresponde. 4. Señaló que la demanda fue admitida de manera ilegal, ya que no se percataron que la citada acción, fue notificada mediante edictos, no obstante que el actor conocía el domicilio de la empresa, que se encuentra en la ciudad de La Paz; y si bien, se mencionó que en el lugar de trabajo hubo oficinas; sin embargo, eran temporales para comunicaciones técnicas de obra entre el Supervisor y el Director de Obra, no constituyendo un domicilio real de la empresa, aspecto que según la recurrente le creo indefensión; ya que no pudo oponer las excepciones en su debida oportunidad, por lo que, se debió anular obrados hasta la notificación con la demanda, por ser incompetente la autoridad jurisdiccional para proseguir con la acción planteada.

5. Mencionó que la afirmación de la no exclusión del representante legal de la empresa no es causal para modificar la sentencia, es totalmente ilegal y arbitraria; ya que, al no excluir a Jaime Torres en su calidad de representante legal de la empresa, le provocaría una obligación de pago sin ser parte, vulnerándose el debido proceso en su vertiente falta de valoración de la prueba. 6. Manifestó que, en relación a la excepción de pago, se adjuntó los bauchers de pago certificados del Banco Unión, donde se establecen los desembolsos realizados, con el sueldo sumado de Bs1.500.-;

empero, ello no supone que ejercía el cargo de Director de Obra.

Agregó que, en relación al argumento del actor habría sufrido ascensos continuos por su trabajo, aclaró que, dentro de un contrato de obra, el proyecto es por producto y con personal definido y aprobado por el contratante, no existiendo los afanes de ascenso que refiere el actor.

7. Indicó que el actor renunció y por ende, no le corresponde los beneficios sociales en previsión de lo establecido en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); además que el contrato era por proyecto para una entidad pública, por lo que el trabajo no es continuo, pues, es una empresa que presta servicios discontinuos de acuerdo al proyecto que se adjudican y la contratación se efectúa de acuerdo al personal requerido para cada obra.

Concluyó el memorial del recurso, solicitando se CASE o ANULE el Auto de Vista 239/2025 de 26 de septiembre, por los fundamentos señalados.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.

El demandante contestó por memorial a fs. 773 y vta., argumentando que el recurso de casación no señala, menos expresa que leyes fueron violadas o mal interpretadas. Aclaró que la prueba fue considerada y valorada por los de instancia además de no expresar el recurrente de qué manera fueron vulnerados los artículos referidos a la valoración probatoria, debiendo considerarse que en materia laboral no existe la prueba tasada, por lo que la autoridad judicial forma libremente su convencimiento conforme establece el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT)

Concluyó solicitando se declare INFUNDADO el recurso por falta de expresión de agravios.

JURISPRUDENCIALES V. NORMAS DOCTRINALES Y APLICABLES

En cuanto al debido proceso y su configuración

El Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP)1330/2012 de 19 de septiembre señaló: "El derecho al debido proceso, es de aplicación inmediata, vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e cb Cyr mo- ' jalma/ intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando procedimientos, como la SC 0160/ 2010-R de 17 de mayo, que precisa: 'El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.11 y 117.1 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.1V de la CPEabrg, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales'».

En similar sentido y efectuando un análisis más amplio al respecto, la Sentencia Constitucional (SC) 448/2011-R de 18 de abril, definió, al debido proceso: "...como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia.

De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: 'El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (... ) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales'.

Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad".

Se debe considerar que de acuerdo al contenido del art. 178.1 de la CPE, el debido proceso se constituye también en un principio que de . olf;vict rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimientos de procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; sin embargo, no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales.

El debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular.

El derecho a la defensa

El contenido del derecho a la defensa, ha sido analizado a través de la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, consagrado en el art. 115 de la Constitución Politica del Estado (CPE), que consagra el derecho a la defensa, en el plano internacional del sistema interamericano, el art. 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, y a contar con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa.

Al respecto, la Sentencia Constitucional (SC) 293/2011-R de 29 de marzo, refiere: "En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de la garantía al debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 115.11 de la CPE que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente".

De lo señalado se infiere que el derecho a la defensa, se encuentra integrado por el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, que tienen por objetivo, brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite pueda hacer valer sus derechos sustanciales y logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia.

En este contexto y de acuerdo a los amplios y reiterados entendimientos sobre el derecho al debido proceso, este Tribunal Constitucional, en sus diferentes etapas, ha establecido que el mismo, se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia; en tal sentido, estableció que el derecho a la defensa se constituye en una de sus principales garantías, definiéndola como la oportunidad de toda persona de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga; en suma, acceder a la garantía de poder acudir al proceso y defender sus intereses.

De ahí también que, esta jurisdicción haya convenido en destacar la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, manifestando que su ejercicio responde a la necesidad de impedir la arbitrariedad de los órganos estatales así como evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, a través de la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base md,,;„‹,.a de lo actuado; es decir que, el derecho de defensa, se constituye en una garantía del debido proceso de aplicación general y universal que se materializa como presupuesto esencial de la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, y que se encuentra a su vez integrado por el derecho de contradicción y por el derecho a la defensa en sí mismo.

Bajo ese entendido, el art. 119.11 de la CPE, señala que: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios", de lo cual se establece que el derecho a la defensa tiene una connotación técnica y otra material: "'La primera, es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda, es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio..." (SCP 832/2012 de 20 de agosto).

Entendimientos de los cuales se concluye que el derecho a la defensa es la potestad de toda persona sometida a enjuiciamiento de ser escuchado, presentar, producir o solicitar la producción de elementos de prueba que estime necesarios y convenientes para desestimar los cargos que pesan en su contra, así como también de hacer uso efectivo de todos los mecanismos impugnativos necesarios a efectos de proteger o restablecer sus derechos y garantías constitucionales; del mismo modo, el ejercicio de esta libertad, comprende la necesaria observancia del debido proceso a efectos de asegurar que se mantenga en igualdad de condiciones respecto a quien lo procesa para defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

V.3. Derecho a la prueba

El debido proceso como derecho fundamental, se ha defmido como la serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fm de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados; es decir, se constituye en la regulación jurídica que limita los poderes del Estado a través de las garantías de protección de los derechos constitucionales, de forma que ninguna de las actuaciones de autoridades públicas, obedezca a su libre arbitrio, sino a los procedimientos legalmente establecidos, destinados a preservar las la garantías sustanciales y procedimentales previstas en Constitución y las leyes.

Bajo tal comprensión, el debido proceso tiene la finalidad de garantizar la defensa y preservación del valor material de la justicia, como fin esencial del Estado para la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y derechos constitucionales.

Además, el debido proceso se constituye en instrumento eficaz para asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones jurídicas, por cuanto, su vital importancia, se halla vinculada a la búsqueda del orden justo, motivo por el cual precisamente deben respetarse los principios procesales que lo componen -entre otros-el de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo.

Entonces, toda persona sometida a procesamiento, debe contar con la mínima garantía de que quien lo procesa sea imparcial y actúe &kuk, ilt14,e'41,acioiuzick ole"4,i,ct nyamo oikech 1 conforme con el procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se somete a su conocimiento.

En ese sentido, el derecho a la defensa comprende el derecho al ejercicio de todos los medios legales para ser oído y obtener una decisión favorable; es decir que implica la facultad de pedir y aportar pruebas así como de contravenir las que se aporten en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten y que pudieran ser contrarias o lesivas a sus derechos.

En esta comprensión, el derecho a la prueba se convierte en un elemento sustancial del debido proceso con respecto al derecho de acceso a la administración de justicia, por cuanto constituye el medio más importante para alcanzar la verdad de los hechos dentro de un proceso de investigación; en este sentido, el art. 115 de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, respondiendo a un principio universal de justicia, según el cual toda persona sometida a juzgamiento tiene derecho a defenderse, lo que implica el derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y a presentar y solicitar aquellas que las desvirtúen, siempre en conservación del derecho a la presunción de su inocencia.

De ahí que no puede ignorarse la importancia que revisten las pruebas dentro de todo proceso -judicial o administrativo-; toda vez que, únicamente a través de una exhaustiva producción y análisis de los elementos probatorios, el juzgador podrá adquirir el conocimiento, al menos superficial y mínimo, de los hechos, para poder, a partir de ello, aplicar las normas jurídicas pertinentes.

Entonces, la producción de la prueba y su debate, resultan imprescindibles para ilustrar el criterio del juzgador, por cuanto a través de ella se pone en conocimiento del asunto objeto de litigio, aperturándose además la posibilidad de contradecirla y complementarla en el curso del proceso, cumpliéndose en consecuencia, con la garantía del debido proceso y en materialización del derecho a la defensa; elementos sustanciales que hacen a la esencia del Estado Social de Derecho Plurinacional.

De ahí que el desconocimiento del derecho a la prueba, constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuando el juzgador no ha efectuado ningún examen probatorio, o cuando se ignoran algunas de las pruebas aportadas, o cuando se niega a una de las partes el derecho a la prueba, o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio que con claridad conducen a determinada conclusión.

VI. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

Que, así expuestos los argumentos del recurso de casación de fondo y de forma de fs. 760 a 771, para su resolución, es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar al análisis y resolución del recurso, es importante tomar en cuenta que el memorial por el que se dedujo el mismo, si bien señala que se recurre en la forma y en el fondo, sin embargo, en los hechos, en el desarrollo del memorial, no discrimina cuáles son los argumentos de forma y cuáles de fondo; no obstante de ello, a efectos de dar coherencia al fallo, previamente se revisará las acusaciones de forma, y en caso de no advertirse las vulneraciones acusadas, se ingresará a resolver los argumentos de fondo.

1. En relación a la denuncia que la demanda fue admitida de manera ilegal, ya que la citada acción, fue notificada mediante edictos, conociendo el actor el domicilio de la empresa que se encontraba en la ciudad de La Paz.

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que la empresa demandada, mediante escrito de fs. 44 a 47 interpuso el incidente de nulidad con el mismo argumento, que mereció al Auto Interlocutorio de 27 de abril de 2022, por el cual la autoridad de primera instancia rechazo el incidente planteado por su ac a1 30h &talo, presentación extemporánea, resolución que no fue impugnado por la parte incidentista ahora recurrente.

En ese marco, se debe tener presente que el art. 76 del Código Adjetivo Laboral, previene que: "En caso de no ser habido el demandado en dos oportunidades por ocultamiento malicioso, previa representación escrita inmediata del diligenciero, el juez ordenará su notificación mediante cedulón dejado en su domicilio, con la firma de un testigo debidamente acreditado, entendiéndose por domicilio el lugar donde trabaja o tiene sus oficinas principales". (Las negrillas son añadidas)

Disposición legal que es concordante con el art. 42 del mismo adjetivo laboral, que establece: "La jurisdicción de los jueces de Trabajo y Seguridad Social, tiene competencia para conocer en primera instancia: (...) b) De las acciones sociales individuales o colectivas, suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales, de los convenios, de los laudos Arbitrales, del Código de Seguridad Social en los casos previstos en dicho cuerpo de leyes, su reglamento y demás prescripciones legales conexas a ambos (

En ese orden, en el presente caso se advierte que la diligencia de citación con la demanda cumplió su finalidad de hacer conocer a la empresa la demanda la demanda laboral por pago de beneficios sociales, no advirtiéndose en consecuencia vicios de nulidad que alega ahora la parte recurrente; máxime que la declaratoria de nulidad de actos procesales se deberán observar los principios citados en el acápite Fundamentos Jurídicos Doctrinales V.2. del presente fallo, tomando en cuenta que las partes del proceso deben actuar en el marco de lealtad procesal y no tenga que dejarse sin efecto o retrotraer el proceso, cuando el supuesto agraviado con el acto defectuoso tuvo la oportunidad de plantear el incidente de nulidad como se observa de los antecedentes del proceso, de pedir se repare que su domicilio se encuentra en la ciudad de La Paz, no advirtiéndose en consecuencia, la vulneración acusada respecto a la nulidad de citación con la demanda. 2. En cuanto a la denuncia que no se valoró la prueba presentada en segunda instancia; aduciendo que la parte actora inventó pruebas y testigos, haciendo incurrir en error al juzgados de primera instancia; aduciendo asimismo, que el demandante nunca fue Director o responsable ni otro cargo jerárquico; así como aseveró sobre la existencia de la relación laboral de 14 de diciembre de 2020 a 1 de enero de 2021; toda vez que, del 15 de noviembre de 2019 a 3 de febrero de 2021, su persona se encontraba con detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, y de ninguna manera se constituyó en el departamento de Chuquisaca, por lo que desconocía que el actor estuviera prestando algún servicio en el proyecto.

De acuerdo con lo que dispone el art. 256 del Código Procesal Civil (CPC): "La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule." Si bien el 265.1 del Adjetivo Civil refiere que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación; no es menos cierto en virtud al principio de verdad material debe realizar un análisis minucioso respecto a la averiguación de la verdad; en ese entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta y justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso; sobre la duda del juzgador respecto a la prueba que pueda generar confusión, aspectos que harían de la resolución una decisión inefica7 que atentaría contra los principios constitucionales de eficacia y verdad material; ya que, en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad; por ello el Adjetivo Civil épáktc jwch,W ey~' ha establecido que en segunda instancia puede producirse la prueba para llegar a la verdad material; ya que de lo contrario se limitaría y vulneraría el derecho a la defensa de las partes.

En el presente caso, la parte recurrente a través del escrito de 8 de mayo de 2025 de fs. 731 a 737 vta, presentó prueba en segunda instancia en el marco de lo previsto por el parágrafo III del art. 261 del Adjetivo Civil; y no obstante, de haberse admitido la prueba mediante providencia de 2 de junio de 2025 a fs. 751, el Tribunal de Alzada no los consideró ni analizó la misma, a efectos de verificar las afirmaciones señaladas por la parte demandada.

En ese orden, se tiene que el Auto de Vista no realizó la valoración de la prueba presentada en segunda instancia, menos efectuó una relación de los mismos, fundando su decisión en el principio de inversión de la carga de la prueba establecida en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, omisión que vulnera el debido proceso en su elemento valoración razonable de la prueba y derecho a la defensa como se precisó en el Fundamento jurídico V.1 y V.3 de la presente resolución; por cuanto la Resolución de Alzada no verificó si los agravios alegados por el recurrente fueron acreditados con la prueba presentada en segunda instancia.

En este contexto, el art. 180.1 de la CPE, establece que la jurisdicción ordinaria se rige por una serie de principios procesales, a fin de establecer límites a las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales tendientes a evitar el ejercicio abusivo de sus funciones, en resguardo de los derechos y garantías constitucional de todas las personas sometidas a un proceso judicial.

De ahí que el debido proceso previsto en el art. 115.11, resulta aplicable a todo tipo de actuaciones -judiciales y administrativas-, con el entendido de que su inobservancia, al constituir lesión a este derecho, acarrea el desconocimiento de lo obrado; por cuanto los elementos probatorios aportados al proceso por la parte demandada, deben ser confrontados por el Tribunal de Alzada a efectos que pueda elaborar una idea de la realidad de los hechos;

así como se efectivice el derecho a la defensa enfocada a impedir la arbitrariedad y evitar una resolución injusta.

Al respecto, el Tribunal Constitucional afirmó, en la SC 71/2002-R de 18 de enero entre otros, que el derecho a la prueba es uno de los elementos constitutivos del debido proceso: "(...) una de las garantías constitucionales más importantes a favor de la persona es el DEBIDO PROCESO, consagrado en las normas previstas por los arts. 16 de la Constitución Política del Estado y 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Esta garantía entre sus elementos constitutivos cuenta con el derecho a la defensa; el derecho a un Juez o Tribunal natural, independiente e imparcial; el derecho a la presentación amplia de la prueba pertinente del imputado o encausado".

Por lo señalado, se concluye que el Tribunal de Alzada, al confirmar la Sentencia de primera instancia, vulneró el debido proceso en sus elementos de valoración razonable de la prueba y el derecho a la defensa como se acusó en el recurso de fs. 760 a 771, interpuesto por la empresa CATOVA CONSTRUCCIONES SRL, correspondiendo en consecuencia, aplicar el art. 220.111 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.1 de la Constitución Politica del Estado y en el art. 42.1.1 de la Ley de Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 239/2025 de 26 de septiembre; debiendo el Tribunal de Alzada emitir un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución.

Sin multa, por ser excusable.

h . 0/,(4)at gtah

›dtetai nyagto, '

En mérito a la convocatoria efectuada, interviene en la suscripción del presente Auto Supremo, el Magistrado German Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Notas al pie

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Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0346_2026_SalaSocial1era.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): e671e5f9b047670e7100dbca168bbe533775de93552b218bc30a1500cf3cf3a2

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