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AS 0287/2026

Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Social Primera · 6 de mayo de 2026

Anula obrados

Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia
Sala
Sala Social Primera
Fecha
6 de mayo de 2026

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, debiendo la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del TRUNAL SI.JPRLMO CE JUSTICIA

SALA CONTENL;OSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

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Auto Supremo N-2.89/ 2c52.6 é - 5 ,79 2.1 Fecna t Libro Torng de Razón N°

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 197 a 203, bajo responsabilidad administrativa, y sin espera de turno, emitir una nueva resolución, en observancia a los fundamentos del presente fallo judicial. Sin multa por ser excusable. En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la Recomendación 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Interviene en la suscripción de la presente Resolución el Magistrado Germán Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito a la convocatoria.

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA AUTO SUPREMO 287/2026 Sucre, 6 de mayo de 2026 Expediente : 1002/2025 Demandante : Olmar Guido Villarroel Cossio Demandado : Bloch Ligthing SRL Proceso : Beneficios Sociales Distrito : Santa Cruz Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 206 a 207, interpuesto por la empresa Bloch Ligthing SRL a través de su representante legal impugnando el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025 de fs.

197 a 203, emitido por la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de Beneficios Sociales seguido por Olmar Guido Villarroel Cossio contra la empresa recurrente, la contestación al recurso de fs. 211 a 216, el Auto 168 de 23 de octubre de 2025 a fs. 217, que concedió el recurso; el Auto de Admisión 1002/2025-A de 5 de diciembre a fs. 224 y vta., que admitió el Recurso de Casación y lo obrado en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral por Pago de Beneficios Sociales seguido por Olmar Guido Villarroel Cossio contra la empresa Bloch Ligthing SRL, la Juez del juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Noveno del Departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 68/2024 de 16 de septiembre de fs. 159 a 162, que declaró PROBADA EN PARTE, la demanda de fs. 20 a 23 y memorial a fs. 27 y vta., sin costas, disponiendo que la empresa Bloch Ligthing SRL, proceda con el pago de derechos y beneficios sociales a favor de Olmar Guido Villarroel Cossio, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones devengadas, primas, sueldos devengados y multa del 30%; en la suma de Bs444.764,87 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro 87/100 bolivianos), monto calculado en base a lo dispuesto por los arts. 64 y 202.c) del Código Procesal del Trabajo (CPT), y en caso contrario con las actualizaciones y reajustes de Ley.

Auto de Vista

Interpuesto el Recurso de Apelación, por la empresa Bloch Ligthing SRL a través de su representante legal de fs. 166 a 168 vta., la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025 de fs. 197 a 203, que resuelve ANULAR la Sentencia 68/2024 de 16 de septiembre, de fs. 159 a 162, disponiendo que la Juez de instancia emita nueva resolución que cumpla con las exigencias del debido proceso.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra el referido Auto de Vista, la empresa Bloch Ligthing SRL a través de su representante legal interpuso Recurso de Nulidad y Casación de fs. 206 a 207, con los siguientes argumentos:

1. Acusó, que el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, incurrió en vulneración del debido proceso, al violar el principio de seguridad jurídica, el derecho a la defensa, toda vez que, la resolución de Alzada, al carecer de fundamentación y congruencia, .?")h ,iwctel,c,na cb Mo&víct

Cr,'-yanC2>dret —a/7 dictó una resolución que no se ajusta a los principios que regulan el derecho laboral.

2. Denunció que los Vocales incurrieron en incorrecta aplicación de las normas procesales al disponer la nulidad, pese, a que los agravios denunciados eran plenamente subsanables por el Ad quem.

Asimismo, señaló que, el Tribunal de Alzada, debió aplicar el art.

237.3) del Código de Procedimiento Civil, y resolver el fondo de la controversia, y no así, y no asumir una postura anulatoria.

Concluyó sus fundamentos, solicitando, se case y/o se anule el Auto de Vista recurrido y se y se disponga la emisión de resolución de fondo, y no la nulidad de obrados.

IV. CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN

Mediante memorial de fs. 211 a 216, Olmar Quido Villarroel Cossio, contestó al Recurso de Casación, manifestando, la improcedencia del Recurso de Casación por carencia recursiva e incumplimiento de los requisitos y exigencias del art. 274 del CPC, dado que, en el desarrollo del recurso, no se especifica si el recurso es planteado en la forma o en fondo, pues ambos parten de presupuestos y causales de procedencia diferentes.

Asimismo, el demandado se limitó a trascribir entendimientos sobre el debido proceso y seguridad jurídica, sin especificar, si es jurisprudencia y/o doctrina, al no mencionar las Sentencias Constitucionales o Autos Supremos a los que hizo referencia.

Así también, no realizó ninguna argumentación respecto de los agravios que le hubiesen ocasionado los de Alzada, limitándose a transcribir los argumentos del Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, sin explicar de que manera habría existido violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley o error de hecho o de derecho, lo que denota, el incumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para su procedencia.

Alegó, que no existe ningún agravio con la emisión del Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, al haber sido emitido en base a los agravios reclamados en apelación por la parte demandada, cumpliéndose con las disposiciones adjetivas aplicables a la materia, en el marco del debido proceso, seguridad jurídica y los principios rectores del derecho laboral como la verdad material, primacía de la realidad, inversión de la prueba, siendo, una resolución congruente, fundamentada y motivada, no correspondiendo su revocatoria en los términos solicitados por la empresa recurrente.

Concluyó solicitando, en su petitorio se declare INFUNDADO el Recurso de Casación. Con calificación de costas y costos.

V. NORMAS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES

APLICABLES AL CASO CONCRETO

El art. 265.1 del CPC, aplicable a la materia de conformidad al art.

252 del CPT, establece: "El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación", determinando claram ente la norma adjetiva, que el Tribunal de Alzada al resolver el Recurso de Apelación debe ceñirse a lo objetado en el Recurso de Apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso; además, de contener la resolución que se emita una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición asumida, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los Recursos de Alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, (giloyb, Yltuínizoiewa 2-4 ,4vt'a ttch.ria/ no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

Por ello, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, y la motivación debe permitir vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se confirma o se modifica un fallo de instancia; esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, y en alzada se debe cumplir en la resolución de todos los agravios expuestos en la apelación con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad.

Consecuentemente, cuando un Juez o Tribunal omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben ser debidam ente motivadas.

En ese orden de ideas, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el cual el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal; y, citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; así lo entendió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 92/2012 de 19 de abril: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores..."; siendo la fundamentación parte de la motivación que debe contener toda determinación judicial, se ha establecido por este Tribunal Supremo en anteriores Autos Supremos emitidos, como ser el 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), así como en el 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, que: "...la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado"; estando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de Apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

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VI. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

Ingresando al análisis del Recurso de Casación, corresponde precisar que la controversia central radica en determinar si el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, actuó correctamente al anular la Sentencia de primera instancia por supuesta falta de fundamentación, motivación y congruencia; o si, por el contrario, debió resolver el fondo de los agravios planteados por las partes.

Cabe señalar, lo dispuesto por el art. 17 de la Ley de Organización Judicial (L0J), establece que el Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fm de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción o determinar la nulidad que correspondiera, sea a petición de parte o de oficio como acontece en el presente caso y se encuentra prevista en el parágrafo II del citado artículo, procediendo la nulidad cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso y derecho a la defensa, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

Dicha facultad encuentra sustento normativo, en el art. 265.1 del CPC, aplicable por permisión del art. 252 del CPT, disposición legal que debió ser cumplida en el fallo de segunda instancia;

desarrollados en la Doctrina Lega aplicable del presente fallo judicial.

De acuerdo a lo señalado ut supra, resulta preciso manifestar que, conforme a lo previsto por el art. 213.11.3) y 4) del CPC, las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas, fundamentadas y sobre todo, acordes con las peticiones expuestas por las partes; además que, las resoluciones deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto en la valoración de las pruebas aportadas y producidas como en el trámite del proceso y también en los fundamentos o citas de las Leyes en que se funda la Resolución que deben circunscribirse a los puntos que hubieran alegado las partes, bajo expresa pena de nulidad.

Bajo estas premisas, es innegable que la congruencia y la pertinencia de las resoluciones judiciales componen un deber jurídico consagrado constitucionalmente como los elementos del debido proceso, que se traducen en la garantía de legalidad procesal que permite proteger la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo venido en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita comprender con nitidez las razones de la decisión asumida por el Tribunal.

Esto significa que todo administrador de justicia al resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe exponer claramente los hechos y los razonamientos adoptados para el efecto, explicando el análisis y valoración de las pruebas en su conjunto, fundamentando legalmente y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, que exige el citado art. 213.1.3 y 4 del CPC. Tal como la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia ha determinado en numerosos Autos Supremos y en correspondencia con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional (SC)

1494/2011-R emitida en fecha 11 de octubre, precisó que de la esencia del debido proceso: "...deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la Ayinariewai A-41,zia

Yrt u4.cia/ concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un integral y armonizado entre los distintos razonamiento considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto,... En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes" (El resaltado es añadido).

Ahora bien, en el presente caso, de la revisión del Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025; se evidencia, que asumió una decisión estrictamente anulatoria, bajo el argumento de que la Sentencia no desarrolló adecuadamente los fundamentos que sustentan el reconocimiento de los derechos laborales reclamados; limitándose a sostener genéricamente ausencia de fundamentación, motivación y congruencia.

Sin embargo, de la compulsa de la Sentencia 68/2024 de 16 de septiembre, se advierte que la Juez A quo, sí efectuó una relación de los hechos acreditados, identificó la existencia de relación laboral, determinó tiempo de servicios, salario promedio indemnizable y desarrolló, aunque de manera sucinta, los fundamentos relativos a desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, primas y salarios devengados.

En efecto, la autoridad jurisdiccional de primera instancia señaló expresamente: a) La existencia de relación laboral respaldada en certificados de trabajo, confesión provocada y declaraciones testificales; b) El tiempo de servicios comprendido desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 15 de mayo de 2022; c) El promedio indemnizable de Bs5.903,70 (cinco mil novecientos tres 70/100 bolivianos); así como, los montos reconocidos por cada concepto laboral reclamado.

Consiguientemente, aun cuando la Sentencia pudiera contener deficiencias argumentativas o imprecisiones respecto a determinados cálculos, ello no implicaba ausencia absoluta de fundamentación que justifique la nulidad total de obrados.

Debe tenerse presente que el Tribunal Ad quem, posee amplias facultades de revisión y corrección respecto de errores de hecho o de derecho contenidos en la Sentencia, pudiendo confirmar, revocar o modificar parcialmente la decisión impugnada.

En el caso presente, los agravios formulados por la parte demandada estaban vinculados principalmente: a) Determinación del salario promedio indemnizable; b) Cuantificación de salarios devengados; c) reconocimiento de primas; y c) tiempo de servicios.

Aspectos, que constituían cuestiones de fondo plenamente revisables por el Tribunal de Alzada, sin necesidad de retrotraer la causa.

En tal contexto, el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, vulneró los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva, al optar por una nulidad innecesaria, pese a contar con suficientes elementos de juicio para resolver planteados, evitando nulidades directamente los agravios innecesarias, contrarias a dichos principios; toda vez que, la nulidad decretada tampoco cumple el principio de trascendencia, puesto que los Vocales, no explicaron de qué manera la supuesta insuficiencia argumentativa de la Sentencia generaba indefensión material o imposibilitaba emitir pronunciamiento de fondo.

Dicha facultad encuentra sustento normativo en el art. 218.111 del CPC, determina que el Tribunal de Apelación debe resolver el fondo de la controversia cuando advierta errores en la Sentencia recurrida, señalando: "Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo". En concordancia A4via j 'Al°

.tj ( 7 .: 71,0 , con el art. 265.111 de la misma norma Adjetiva Civil, que establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el Ad quo: "III. "Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios". (sic)

Asimismo, corresponde precisar que los Vocales omitieron pronunciarse sobre los agravios formulados por la parte demandante relacionados con: a) Reliquidación del sueldo promedio indemnizable; b) recalificación de beneficios sociales; y c)

Costas y costos procesales. Omisión que vulnera el principio de congruencia previsto por el art. 265.1 del CPC, desarrollado en la Doctrina Legal aplicable del presente fallo judicial.

En mérito a lo expuesto, los Tribunales de Apelación no pueden acudir automáticamente a la nulidad ante deficiencias subsanables de fundamentación o congruencia, pues su deber constitucional y legal consiste en resolver en mérito de los agravios planteados, garantizando los principios de tutela judicial efectiva, verdad material, celeridad y economía procesal previstos por los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado.

En mérito a todo lo mencionado, corresponde pronunciar la parte resolutiva del presente fallo judicial la forma prevista por los arts.

220.111 del CPC, aplicable por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 111 de 25 de julio de 2025, debiendo la Sala Social, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del TRUNAL SI.JPRLMO CE JUSTICIA

SALA CONTENL;OSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Sli'S,IAL Y .kri.:MINISTRAT IVA PRIMERA

Auto Supremo N-2.89/ 2c52.6 é - 5 ,79 2.1 Fecna t Libro Torng de Razón N°

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 197 a 203, bajo responsabilidad administrativa, y sin espera de turno, emitir una nueva resolución, en observancia a los fundamentos del presente fallo judicial. Sin multa por ser excusable. En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la Recomendación 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente, no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Interviene en la suscripción de la presente Resolución el Magistrado Germán Saúl Pardo Uribe de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia, en mérito a la convocatoria. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Notas al pie

PRESIDENTA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM. SOCIAL ADKIMSTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DO AGIS •- CONTENCIOSA ADM CONTENCIOGA ADMINISTRATIVA SEGUNDA SOCIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ¡n'IV! mendy ECRET RIA DE SALA Al'CONTENCIOSA, CONTENCIOSA. ADM SOCIAL'? ADMINISTRATIVA PRIMERA TRIBUNAL SUPREMO DE iuSTICIA

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0287_2026_SalaSocial1era.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): eea6a3e368a4183979dbcca206db25ea35c2d26a1a004af0ff4e21e30002d17e

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