Auto Supremo · Tribunal Supremo de Justicia · Sala Social Segunda · 3 de febrero de 2026
Anula obrados
La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1) de la CPE y 42.1.1 de la LOJ, declara ANULA obrados hasta el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando inclusive, debiendo resolver el Tribunal Ad quem la apelación incoada sin espera de turno.
Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.
En mérito a la convocatoria efectuada, interviene en la suscripción del presente Auto Supremo la Magistrada Rosmery Ruiz Martínez, de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO N° 24/2026 Sucre, 03 de febrero de 2026 Expediente : 544/2025 Demandante : Abdón Ramiro Chávez Céspedes: Universidad Amazónica de Pando Demandado Proceso : Pago de Beneficios Sociales y bono frontera Distrito : Pando: Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe Relator
I. VISTOS: El recurso de casación de fs. 143 a 145 vta., interpuesto por la Universidad Amazónica de Pando, representada por el Rector Franz Navia Miranda a través de su apoderada Erika Roxana Navarro Arroyo, contra el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; dentro del proceso de pago de beneficios sociales, que sigue Abdón Ramiro Chavez Céspedes en contra de la entidad recurrente; el memorial de contestación de fs. 149 y vta., el Auto N° 220/2025 de 12 de junio, de fs. 150, que concedió el recurso; el Auto Supremo N° 544/2025-A de 22 de julio de fs. 163 y vta., que admitió el recurso de casación interpuesto y todo lo que en materia fue pertinente analizar:
Sentencia
Tramitado el proceso de referencia, la Juez del Trabajo y Seguridad Social Segundo de Cobija, emitió la Sentencia N° 88/2023 de 6 de junio, de fs. 70 a 72 vta., declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 12 a 15, señalando la obligación de la parte demandada de cancelar a la actora la suma total de Bs17.933,54 (Diecisiete mil novecientos treinta y tres 54/100 bolivianos), por concepto de beneficios sociales y subsidio de frontera.
Auto de Vista
En conocimiento de la Sentencia, la Universidad Amazónica de Pando, interpuso recurso de apelación de fs. 78 a 79 vta., que fue resuelta mediante Auto de Vista N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs.
134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Amazónica de Pando, representada por Erika Roxana Navarro Arroyo.
Notificado con el Auto de Vista N° 87/2025 de 13 de mayo, la Universidad Amazónica de Pando, representada por el Rector Franz Navia Miranda a través de su apoderada Erika Roxana Navarro Arroyo formuló recurso de casación de fs. 143 a 145 vta., exponiendo los siguientes argumentos:
Señaló que, el Auto de Vista contiene una errónea e indebida aplicación de la normativa, siendo que interpuso el recurso de apelación en plazo, al haber sido enviado por el buzón judicial en el día que vencía el plazo; la declaración de inadmisibilidad afectó directamente su derecho a recurrir incidiendo al derecho al acceso a la justicia, que constituyen reconocidos por la Constitución Política del Estado, además de ser inviolables, universales interdependientes, indivisibles, y progresivos.
Adujo que, el análisis efectuado por las autoridades del Tribunal de Alzada fue sesgado vulnerando el derecho a la impugnación, que concibe el recurso de apelación, considerando los principios pro homine que deriva del pro actione que no puede ser restringido ni afectado por formalismos que afectan el derecho constitucional a recurrir, máxime si la el derecho a recurrir es la facultad mac»aíde o kv a &tad& é, y< wo Id,ter, a 7 inherente a los litigantes y tanto como en la normativa nacional como internacional y doctrina han señalado que debe facilitarse el derecho a recurrir para garantizar la tutela judicial efectiva.
Con estos argumentos solicitó se anule obrados hasta el vicio más antiguo, a fin de que sea sustanciado y analizado el recurso de apelación ante el tribunal competente.
Dispuesto el traslado del recurso de casación, mediante Decreto de 29 de mayo de 2025, de fs. 146, Abdón Ramiro Chávez Céspedes, respondió el recurso incoado con los siguientes argumentos:
Manifestó que, el recurso de casación se limita a citar de manera genérica el art. 210 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y una sentencia constitucional sin demostrar concretamente cuál fue el acto indebido ni de qué forma el Auto de Vista incurrió en vulneración sancionada con la nulidad y en ese entendido, omitió la debida fundamentación de su recurso de apelación conforme lo exige el art. 210 del CPT, pretendiendo forzar una nulidad procesal sin cumplir con la carga procesal de demostrar perjuicio concreto conforme lo señala el art. 17 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ-025) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ademas que el Principio de Trascendencia impide declarar nulidades por meras formalidades en ausencia de vulneración del derecho a la defensa o al debido proceso. Al efecto citó el Auto Supremo 548/2018 de 26 de junio.
Finalmente solicitó, se declare infundado el recurso de casación interpuesto, manteniéndose subsistente el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
APLICABLES AL CASO CONCRETO.
Expuestos los argumentos del recurso de casación interpuesto para la resolución respectiva conforme a la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas aplicables al caso concreto; es preciso realizar las siguientes consideraciones de orden legal:
Respecto de la nulidad
En cuanto a las nulidades, el Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos inherentes a las nulidades procesales, en resguardo de las formas establecidas por la ley procesal, ha considerado que debe resaltarse la protección de la garantía del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio, justificando la nulidad procesal, en los casos en la que una situación de injusticia, no pueda ser remediada de algún otro modo, a fin de que las partes en conflicto, hagan valer sus derechos en el marco del debido proceso y en condiciones de igualdad, ante un juez natural y competente, siempre y cuando ese estado de indefensión no sea atribuible a la parte que reclama dicha nulidad; postura que de ninguna forma implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, entre otros.
Sobre la nulidad, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0427/2013 de 3 de abril, determinó: "...las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en. el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva..." (énfasis añadido).
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Por otro lado, los medios de impugnación son instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia.
En coherencia con lo anterior, la vasta jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha replicado la triple dimensión del debido proceso, como garantía, como derecho fundamental y como principio procesal, reconocido así por la Constitución Política del Estado, como el mecanismo del Estado para garantizar al ciudadano que su poder sancionador no se aplique arbitrariamente, sino dentro de un proceso justo, libre de posibles abusos originados en actuaciones u omisiones procesales o en determinaciones que decidan cierta situación jurídica o administrativa, constituyéndose en el medio de protección de otros derechos fundamentales contenidos como elementos del debido proceso.
La SCP 1231/2017-SI de 28 de diciembre, citando a su vez la SC 1480/2011-R de 10 de octubre, estableció: "La importancia del debido proceso, a decir de la SC 0281/2010-R de 7 de junio `...está ligada a la búsqueda del orden justo. No solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamientos jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes". (énfasis añadido)
De la jurisprudencia y doctrina citadas, se infiere que la observancia del debido proceso se constituye en una garantía para todo ciudadano que se encuentre sometido a un proceso en el ámbito judicial o administrativo, que se traduce en el hecho de que el tribunal o autoridad administrativa preserve esta garantía de manera obligatoria e insoslayable en las diferentes etapas de un proceso, sometiéndose a disposiciones de naturaleza adjetiva aplicables al caso concreto; derecho instituido por el art. 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece imperativamente que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones". Respecto al derecho a la impugnación
Con relación al particular, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0819/2020-S4 de 15 de diciembre, reiterando el razonamiento establecido por la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, en cuanto al derecho a impugnar como elemento constitutivo del debido proceso; concluyó que: "'El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.11, al disponer: Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las cb (2/we,(z J.1 ta rywita. ' iltchczal partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo"
(énfasis añadido).
Respecto del Buzón Judicial
Remitiéndose al marco normativo concerniente, el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (L0J), determina que: "I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora".
Por otro lado, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, establece: "Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servido de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora.
Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal". (énfasis añadido)
Asimismo, definió: "Se establece las siguientes definiciones: 1)
Buzón Judicial: Es un sistema Web creado exclusivamente para la presentación y recepción de memoriales, otros documentos y recursos, fuera de horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia cuando este por vencer un plazo perentorio.
Además, indicó: "Articulo 10 (Acceso al Buzón Judicial). El sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia". (énfasis añadido) vi. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
De la revisión de los antecedentes procesales, la Universidad Amazónica de Pando, formuló recurso de casación contra el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, exponiendo como argumento que el Auto de Vista recurrido contiene una errónea e indebida aplicación de la normativa, considerando que interpuso el recurso de apelación en plazo, siendo que envió el mismo por el buzón judicial en el día que vencía el plazo, además que afectó directamente su derecho a recurrir y al acceso a la justicia, que constituyen reconocidos por la Constitución Política del Estado.
En ese entendido, el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando indica: "De la revisión de obrados se tiene que la apelación dentro del proceso de pago de beneficios sociales y bono frontera seguido por Abdon Ramiro Chávez Céspedes en contra de la Universidad Amazónica de Pando ha sido radicado en la Sala Civil en fecha 11 de julio de 2023 y habiendo asumido funciones en fecha 18 de febrero de 2025 la suscrita Vocal pasa a mi conocimiento de acuerdo a cargo de tc,„4. ,°A Ad„, ingreso a despacho. El recurso de apelación interpuesto por la Universidad Amazónica de Pando - Representada por Erika Navarro Arroyo cursante a fs. 76 a fs. 79 vuelta en contra de la Sentencia N° 88/2023 de fecha 6 de junio de 2023 en la que se declara PROBADA EN PARTE LA DEMANDA de fs. 12 a fs. 15 de obrados disponiendo que FRANZ NAVIA MIRANDA en su condición de Rector de la UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, dentro del tercer día de ejecutoriada la presente resolución, cancele a ABDON RAMIRO CHA VEZ CESPEDES la suma de Bs. 17.933,54 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 54/100 BOLVIANOS)"
Agregando en el primer CONSIDERANDO: "Que el Título V Capítulo Primero art. 205 del Código Procesal del Trabajo que a la letra dice:
Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada... en el caso presente de la revisión de los antecedentes se tiene que la parte recurrente fue notificada en fecha 12 de junio de 2023 tal como consta a fs. 74; notificado que ha sido presenta el recurso de apelación en fecha 19 de junio de 2023 a horas 21:49:36 por buzón judicial tal cual consta a fs. 76; en este sentido corresponde hacer las siguientes apreciaciones legales: El Artículo 252° del Código Procesal Laboral prevé: "Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral"; en este sentido la normativa prevé que las normas civiles se aplican supletoriamente en materia laboral cuando existe una laguna o vacante en la ley laboral, o cuando la interpretación de la norma laboral requiere de la complementación con principios generales del derecho civil. Bajo lo descrito líneas arriba tenemos en el caso de autos que el recurso de apelación ha sido presentado en fecha 19 de junio de 2023 a horas 21:49:36 por buzón judicial. En este sentido para efectos de la utilización del buzón judicial se entiende que la presentación de los escritos puede hacerse en días hábiles e inhábiles; empero antes de que se venza el plazo perentorio fijado para cada acto procesal;
esto de conformidad al art. 90.111 del C.P.C. (...), bajo este contexto se tiene que el vencimiento del plazo procesal es el último momento hábil de funcionamiento del órgano jurisdiccional, es decir al horario laboral fijado por cada tribunal de justicia, es importante recordar que en nuestro distrito en la gestión 2023 mediante Circular Conjunta N° 05/2023 se estableció a partir del 6 de marzo de 2023 la jornada laboral sea de 8:00 am a 12:30 pm y de 15:00 a 18:30 pm, lo que significa que la parte recurrente tenía hasta las 18:30 pm del día 19 de junio de 2023 para presentar el recurso de apelación correspondiente; sin embargo lo realiza a horas 21:49:36 p.m. posterior a la jornada laboral en consecuencia vencido el plazo correspondiente".
En estas consideraciones, si bien el Tribunal de apelación, citó el art. 252 del CPT, esta norma en forma clara y precisa establece que, la norma adjetiva civil se aplica sólo cuando concurren aspectos no previstos en el CPT; es decir, ante un vacío manifiesto en su procedimiento; por lo que, equivocadamente posibilitó interpretar el cómputo del plazo de conformidad al art. 90.111 del Código Procesal Civil (CPC-2013), siendo que el plazo otorgado por el art. 205 del CPT, toda vez que el mismo dispone que las partes una vez notificadas con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, no refiriendo a momentos hábiles del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales, sino a días completos, que abarca hasta las 23.59 del día de vencimiento.
Por su parte, los arts. 1 y 2 del Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, estableció que el Buzón Judicial constituye una opción de emergencia para la nycotojt,dfwal presentación de memoriales y recursos en plataforma en horario judicial inhábil cuando esté por vencer el plazo perentorio.
En consecuencia, al ser evidente que la parte recurrente fue notificada el 12 de junio de 2023, según diligencia a fs. 74, con la Sentencia de 06 de junio de 2023, teniendo el plazo perentorio de cinco días para la interposición del recurso de apelación, en aplicación del art. 205 del Código Procesal del Trabajo, feneciendo el plazo el 19 de junio a horas 23.59, y al haber presentado el recurso el 19 de junio de 2023 a horas 21:49:36 por buzon judicial tal cual consta a fs. 76, se verifica que la parte presento el recurso de apelación en plazo, cumpliendo con la formalidad de presentación del memorial en plataforma el 20 de junio de 2023 según fs. 78 a 79 vta.
Asimismo, en el caso de autos, deberá considerarse el razonamiento plasmado por la SCP N° 1853/2013 de 29 de octubre, ponderando el derecho de impugnación, dispuesto por la Constitución Política del Estado en el art. 180 parágrafo II, mismo que no puede verse afectado por interpretaciones formales, que restringen el derecho a la defensa y en tal sentido desconocen el derecho al debido proceso instituido por el art. 115. II también de la CPE que garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa.
Conforme a lo expuesto, encontrándose errada la interpretación normativa y a fin de precautelar el derecho a la impugnación y al debido proceso, en condiciones de igualdad y toda vez que el Auto recurrido ocasionó indefensión no atribuible a la parte que reclama, de conformidad a lo desarrollado en el acápite: "V.1.
Respecto de la nulidad", corresponde la nulidad de obrados hasta el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta.
emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, inclusive, debiendo resolver el Tribunal Ad quem la apelación incoada sin espera de turno.
En mérito a lo considerando, corresponde aplicar el artículo 220-III del CPC-2013, anulando obrados hasta el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, inclusive, emitido por el Tribunal de Alzada.
La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1) de la CPE y 42.1.1 de la LOJ, declara ANULA obrados hasta el Auto N° 87/2025 de 13 de mayo, de fs. 134 a 135 vta, emitido por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando inclusive, debiendo resolver el Tribunal Ad quem la apelación incoada sin espera de turno.
Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.
En mérito a la convocatoria efectuada, interviene en la suscripción del presente Auto Supremo la Magistrada Rosmery Ruiz Martínez, de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
P RESIDENT E SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIALY ADMINISTRATIVA SEGUNDA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PRESIDENTA SALA CON7ENCIOSA, CONTENCIOSA ADZ SOCIAL y .4D5!)SiSTSWIIVA PRIMERA 1...1:3 ZIS JUSTICIA .:: Yr-te a pariCi0 RETARI DE SALA CONTENCIOSAROWI X), CON ERICIOSA SOCIAL Y ADMINIS TR'AT IVA SEGUNDA TRIBUNAL SUPREIVIO OE JUSTICIA Pági 12 de 12
Fuente: Tribunal Supremo de Justicia · archivo AS_0024_2026_SalaSocial2da.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 813f71fc7f1193154a63874099ad42279289ac19d69c77e2c65e4eb1454f6ff2
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